Milei envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares

El presidente Javier Milei envió al Congreso, a pedido de las provincias mineras como San Juan y de referente del sector, un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares con un objetivo central: ordenar un marco normativo que, según el Gobierno nacional, se volvió confuso, discrecional y un freno concreto para inversiones productivas en las provincias. La iniciativa apunta a clarificar criterios ambientales, reforzar el federalismo y devolver previsibilidad jurídica a sectores estratégicos como la minería.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente, que explicó que la reforma de la Ley N° 26.639 busca terminar con interpretaciones arbitrarias, consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional y fortalecer los estándares de protección de los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva.

A más de 15 años de su sanción, el Gobierno nacional considera que la actual Ley de Glaciares acumuló “graves falencias interpretativas” que generaron inseguridad jurídica, paralizaron proyectos productivos y limitaron el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales. En ese diagnóstico se apoyó Milei para avanzar con una reforma que, según el Ejecutivo, fija reglas claras y elimina márgenes de discrecionalidad que terminaron bloqueando el desarrollo económico.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el respaldo explícito a los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Por un lado, el deber de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano; por otro, el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. En esa línea, la propuesta fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental y reconoce su capacidad técnica y científica.

El texto también promueve una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, con el objetivo de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones. Para el Gobierno, se trata de una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, que busca equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo.

La iniciativa no surge en el vacío. Desde hace tiempo, distintas provincias venían reclamando una aclaración normativa que permita destrabar proyectos estratégicos. San Juan fue activa en este sentido y cabe recordar que el propio ministro de Minería, Juan Pablo Perea, advirtió en reiteradas que la falta de una herramienta nacional clara mantiene a la provincia condicionada.

“Sin esta herramienta o esta norma, los proyectos van a seguir como están”, sostuvo el funcionario, al enumerar desarrollos clave hoy frenados, como Vicuña, Pachón y Altares. Todos dependen de definiciones técnicas sobre el alcance del ambiente periglaciar, uno de los puntos más controvertidos de la ley vigente.

“Necesitamos aclarar ciertos artículos, como el artículo 6, que expliquen y hagan la diferenciación entre glaciar, periglaciar y permafrost”, había señalado Perea.

Desde el Gobierno nacional, la reforma también se enmarca en el rumbo político trazado por Milei desde el inicio de su gestión: terminar con la parálisis regulatoria, ordenar el Estado, respetar la Constitución y liberar las fuerzas productivas. Además, el proyecto da cumplimiento a compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y responde a reclamos de provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, entre ellas San Juan.

Ahora, la iniciativa quedó en manos del Congreso. El Poder Ejecutivo solicitó un pronto tratamiento y pidió garantizar la participación ciudadana durante el debate. En provincias mineras como San Juan, la expectativa es inmediata: una ley aclaratoria podría reactivar proyectos de gran escala y abrir una nueva etapa de previsibilidad para atraer inversiones y generar desarrollo.