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Milei prorrogó el freno a contrataciones, pero dejó áreas al margen
El presidente Javier Milei prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en el Estado nacional, pero el decreto contempla una serie de excepciones que atenúan el alcance del ajuste y marcan los límites de la “motosierra”.
POR REDACCIÓN
La política de ajuste y reducción del gasto público que impulsa el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo con la extensión de la suspensión de las contrataciones en el Estado nacional. A través del decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó la prohibición de incorporar personal en el sector público, aunque dejó habilitadas varias excepciones que muestran que la motosierra no avanza de manera uniforme sobre toda la administración.
La norma establece que las jurisdicciones y entidades que integran el Sector Público Nacional no podrán realizar designaciones ni contrataciones de personal, sin importar la modalidad. La restricción alcanza tanto a la planta transitoria como a los contratos amparados en la Ley Marco de Empleo Público, los vínculos laborales tradicionales, las locaciones de servicios profesionales y las designaciones temporarias en cargos de planta permanente. También incluye contrataciones financiadas por regímenes especiales o con fondos extrapresupuestarios.
Sin embargo, el mismo decreto fija una serie de excepciones en áreas consideradas estratégicas o con regímenes particulares. En ese listado aparecen las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales y el personal de hospitales nacionales y de institutos de investigación que dependen del Ministerio de Salud. A eso se suman los cargos de gabinete y las designaciones necesarias para cubrir funciones ejecutivas y jefaturas dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
En los casos en que se autoricen nuevas incorporaciones, el decreto impone una condición: por cada alta deberán computarse dos bajas previas. Esas bajas pueden surgir de renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o la finalización de contratos ocurridas durante el año 2026. No obstante, el esquema excluye de ese conteo a las salidas que se produzcan a través de planes de retiro voluntario o acuerdos especiales de desvinculación, un punto que relativiza el impacto real del requisito.
Además, cada excepción deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que se transforma así en un actor clave para habilitar o bloquear nuevas designaciones.
El alcance del decreto vuelve a poner en evidencia que, si bien el discurso oficial insiste en un recorte profundo del Estado, en la práctica existen márgenes de flexibilidad para garantizar el funcionamiento de áreas sensibles. La motosierra, emblema del programa libertario, avanza, pero no corta con la misma profundidad en todos los sectores de la administración pública.