Nación trabajaría en la Ley de Glaciares: qué opinan los científicos de San Juan

Desde el Gobierno nacional de Javier Milei estaría trabajando, según trascendidos oficiales, en modificar aspectos de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglaciar. El objetivo del Ejecutivo sería: habilitar nuevas áreas para el desarrollo minero e hidrocarburífero, reduciendo la superficie protegida.

Aunque en Nación aseguran que el marco seguirá contemplando evaluaciones de impacto ambiental y que los glaciares propiamente dichos mantendrán su protección, la medida ha generado una ola de cuestionamientos desde la comunidad científica, particularmente en San Juan, una de las provincias con mayor superficie cordillerana y con importantes intereses en la actividad minera.

“No se puede modificar una ley por decreto”

Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la UNSJ, fue contundente: “No es posible que un decreto modifique una ley. Lo que suponemos es que el Gobierno intentará reglamentar aspectos que nunca se terminaron de definir desde la sanción de la ley”.

Para Pastore, la clave está en definir claramente qué es una reserva hídrica estratégica, el objeto principal de protección de la normativa. En su visión, el problema no es la existencia de la ley, sino su vaguedad y falta de reglamentación.

“El país necesita inversiones, sí, pero no podemos seguir legislando sin base científica. Las leyes ambientales deben ser políticas de Estado, no de gobierno. Si no, terminan generando más conflictos que soluciones”, agregó el investigador.

Una oportunidad para ordenar, no para retroceder

Oscar Dölling, doctor en Ciencias de la Ingeniería Hidráulica de la UNSJ, se mostró cauto, pero también preocupado. “Me gustaría leer el decreto antes de emitir un juicio definitivo, pero cualquier cambio debe considerar que no se puede afectar el recurso hídrico. Es una zona crítica y muy vulnerable”.

Dölling recalcó que la minería no es una actividad inocua: “Levantar polvo en estas zonas puede destruir el ambiente glaciar. Si se empieza a explotar en cualquier lugar sin recaudos, las problemáticas pueden ser graves y las poblaciones pueden quedarse sin agua”.

Una “zona gris” que urge reglamentación científica

Por su parte, el geólogo y glaciólogo, Pablo Milana, apuntó a un vacío técnico dentro de la ley: “La ley menciona el ambiente periglaciar, pero no lo define correctamente. Dice que es una zona con saturación de hielo, pero es una descripción muy vaga para la ciencia”.

Milana, quien en su momento se opuso al texto original de la ley por considerarlo poco riguroso, remarcó que la clave está en proteger las reservas hídricas. “Si se destruye una, debe haber una acción de compensación. De lo contrario, estamos avanzando sobre recursos públicos”.

Además, criticó la centralización de la autoridad de aplicación en el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), sin participación activa de equipos técnicos provinciales. “Argentina es enorme. Cada provincia debería tener sus propios especialistas y protocolos. Hoy San Juan, por ejemplo, no tiene un equipo fuerte en glaciología después de más de una década de sancionada la ley”.

El decreto y el contexto político-empresarial

La intención del Ejecutivo de reglamentar —o modificar de hecho— la Ley de Glaciares se da en un contexto de presión empresarial por habilitar nuevos proyectos extractivos. La Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía están detrás de esta movida, que ya había sido incluida sin éxito en la primera versión de la Ley Bases.

Entre los aspectos que busca establecer el nuevo decreto está la restricción del área periglaciar protegida solo a zonas de escombros activos de más de una hectárea, con función hídrica comprobada e incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares. Esto dejaría por fuera amplias zonas cordilleranas de protección automática.

Cabe recordar que la iniciativa recibió un duro cuestionamiento por parte de la ONU, que advirtió sobre el carácter regresivo de los cambios propuestos y su potencial impacto negativo sobre los ecosistemas y derechos de los defensores ambientales.

San Juan y el futuro de sus cordilleras

Para los especialistas sanjuaninos, lo que está en juego es mucho más que una cuestión técnica: es el modelo de desarrollo provincial en un contexto de crisis hídrica creciente. Pastore lo sintetiza así: “Hay zonas donde se puede hacer minería con buenas prácticas. Pero hay otras, como la Cordillera de La Ramada, el Mercedario y demás, que deben quedar intocadas por su valor hídrico, ambiental, cultural y turístico”.

El inventario de glaciares de San Juan ya identifica cuatro zonas donde no debería autorizarse ningún tipo de actividad industrial. El resto, aclaran los expertos, podría habilitarse siempre que no afecte a las reservas estratégicas de agua, que deben preservarse ante un futuro de mayor escasez.

Ciencia, federalismo y sentido común

Mientras el Gobierno nacional avanza con una norma que podría redefinir los límites de la protección ambiental en zonas de montaña, los especialistas de San Juan insisten en que cualquier decisión debe apoyarse en evidencia científica y en una visión federal. La Ley de Glaciares, en su forma actual, puede y debe ser mejorada. Pero hacerlo sin rigor técnico y sin consulta a los territorios involucrados podría resultar no solo regresivo, sino contraproducente para el desarrollo que se busca fomentar.

Dato 1

El Ianigla informó que en San Juan existen 825 glaciares en 98.343 hectáreas.

Dato 2 

Desde la Cámara Minera de San Juan dijeron a DIARIO HUARPE que están buscando información sobre el decreto, que hay mucha cautela, y que en los próximos días, una vez que se conozca la letra del decreto, van a publicar un comunicado oficial.

Dato 3

El Ministerio de Economía -que preside Luis Caputo- es el encargado de trabajar la medida. Según trascendió, contó con la intervención de la secretaria de Energía, María Tettamanti, del titular de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y de los equipos técnicos de la Casa Rosada que coordina la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.