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Nuevo régimen fiscal: qué provincias firmaron y cuáles aún no adhieren
El Gobierno nacional convocó a varios gobernadores a Casa Rosada para firmar su adhesión al nuevo régimen de información fiscal que comenzará a regir el 1 de junio.
POR REDACCIÓN
La administración del presidente Javier Milei intensifica sus esfuerzos para implementar el nuevo régimen de información fiscal, convocando a gobernadores de diversas provincias para formalizar su adhesión al sistema que entrará en vigor el 1 de junio. Este régimen busca establecer un marco más transparente y eficiente en la gestión fiscal a nivel nacional.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha citado para comienzos de la próxima semana a los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Además, ya se concretó la firma de adhesión por parte de Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), en presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.
El nuevo régimen establece topes de $50 millones para transferencias individuales, $10 millones para extracciones y compras informales sin requisitos de presentación de documentos, y $100 millones para tenencias en sociedades de bolsa y plazos fijos. El objetivo es simplificar y transparentar las operaciones financieras, facilitando la fiscalización y reduciendo la evasión.
Sin embargo, algunas provincias, como Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Fe, han mostrado reticencias a adherir al nuevo sistema. Desde el Ejecutivo se advierte que aquellas jurisdicciones que no se sumen podrían enfrentar restricciones en el acceso a información fiscal compartida, y que los bancos que no se alineen podrían ser sancionados con multas.
El Gobierno también planea enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal. Entre las propuestas se incluyen elevar de $1,5 millones a $100 millones el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, y reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción penal para delitos tributarios. Estas medidas buscan incentivar la formalización de activos y promover el uso de los denominados "dólares del colchón".
La implementación de este régimen forma parte de un paquete más amplio de reformas fiscales y económicas que el Gobierno busca impulsar para mejorar la transparencia y eficiencia del sistema tributario argentino.