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Pueblos huarpes piden a Defensoría del Pueblo desarchivar su reclamo por el agua
Las comunidades huarpes Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca pidieron a la Defensoría del Pueblo de San Juan reabrir un expediente de 2013 por la falta de agua potable y denunciaron el agravamiento de la crisis hídrica en las Lagunas de Guanacache.
Tras la campaña solidaria "Unidos por el Agua", que organizó GRUPO HUARPE con una veintena de ONGs, instituciones, empresas y personas comprometidas con el ambiente y la justicia social, los abogados Javier Alamino y Ariel López, en representación de las comunidades huarpes Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca, presentaron ante la Defensonría del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, un pedido formal de desarchivo del expediente N° 22.209/13, en el que la entidad había recomendado declarar la emergencia hídrica en el sureste de la provincia, zona que forma parte de las Lagunas de Guanacache. Los representantes denuncian que la situación “no solo persiste, sino que se ha agravado”, y que el Estado provincial no garantizó el acceso al agua potable ni adoptó medidas de reparación ambiental. “Nuestros derechos siguen incumplidos”, sostienen en la presentación, que además piden que requiera informes técnicos, emita recomendaciones y, si fuera necesario, informe la situación a la Cámara de Diputados.
Un territorio desecado y una vida en riesgo
Vale recordar que las comunidades viven en un territorio de unas 220.000 hectáreas en el sureste del departamento 25 de Mayo, donde habitan unas 700 personas distribuidas en 160 puestos rurales desde el Encón hasta Las Trancas. La zona, que hace un siglo fue un sistema de humedales compartido por San Juan, Mendoza y San Luis, hoy es un desierto sin lagunas ni cauce de río.
Según el escrito, la desaparición de las Lagunas de Guanacache y del río San Juan se debe a la construcción de los diques de Ullum, Caracoles y Punta Negra, que desviaron el agua hacia los grandes valles productivos. Las consecuencias fueron devastadoras: pérdida de biodiversidad, migración de familias y una crisis hídrica estructural que afecta la salud, la producción y las condiciones de vida de todo el ecosistema.
Los pobladores sobreviven criando cabras, ovejas y vacas, pero sus animales y familias consumen agua contaminada. En la mayoría de los casos, el suministro depende de camiones cisterna que llenan tanques cada 30 días con agua de una perforación en El Encón, cuya calidad es dudosa. En otras zonas, el agua proviene de pozos con altos niveles de arsénico y sal.
“El agua es un derecho humano”
El escrito recuerda que la ONU reconoció el agua como un derecho humano y que su carencia viola el derecho a la salud, garantizado por tratados internacionales y por la Constitución Provincial, que en su artículo 61 ordena al Estado asegurar el acceso universal a la salud “sin discriminación ni limitaciones de ningún tipo”.
“Consumir agua estancada durante semanas no es lógico ni saludable. Las comunidades huarpes deben tener acceso al agua potable como cualquier otro sanjuanino”, expresa el texto, que también denuncia la violación del derecho a un ambiente sano y equilibrado.
Los abogados solicitan que la Defensoría analice la calidad del agua que actualmente se distribuye y requiera informes técnicos al Instituto Nacional del Agua (INA) y al Centro Regional de Aguas (CRAS), organismos que en estudios previos ya habían advertido sobre los altos niveles de contaminación en el subsuelo de la zona y recomendado la construcción de un acueducto desde el norte, donde el agua es más apta para el consumo.
Derechos indígenas y falta de consulta previa
En su presentación, Alamino y López recordaron que las comunidades huarpes tienen derechos preexistentes reconocidos por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los Estados a consultar de manera libre, previa e informada a los pueblos originarios ante cualquier medida que los afecte.
Las comunidades denuncian que la construcción de las represas sobre el río San Juan se realizó sin consulta ni participación indígena, y que las políticas hídricas posteriores beneficiaron a los grandes valles agrícolas y mineros, mientras los pueblos laguneros quedaron marginados del recurso.
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Las obras públicas que modificaron el curso del agua se hicieron sin tener en cuenta a los habitantes ancestrales del territorio. Eso constituye una violación al derecho internacional”, subraya el documento.
Unidos por el Agua: la voz de un territorio olvidado
El nuevo paso legal ocurre después de la campaña solidaria y de visibilización Unidos por el Agua, impulsada por vecinos, docentes, ambientalistas y organizaciones sociales que acompañan a las comunidades huarpes en su reclamo.
La iniciativa logró recolectar donaciones de agua y alimentos, pero también buscó instalar en la agenda pública una problemática que, pese a décadas de promesas, sigue sin respuesta estructural.
Los representantes indígenas insisten en que no se trata de un pedido político, sino de una cuestión de derechos humanos básicos. “No pedimos privilegios —afirman—, pedimos igualdad. Queremos que el agua vuelva a ser parte de la vida y no de la lucha”.
Dato
Los representantes aclararon en el documento que, aunque la presentación fue realizada en nombre de las comunidades huarpes Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca, en la zona también viven otras comunidades y grupos locales, como la Comunidad Pinkanta y diversas organizaciones de pequeños ganaderos y puesteros que actualmente no integran el reclamo formal, pero podrían sumarse al proceso en etapas posteriores.