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San Juan congela el ítem local en la boleta, pero igual subirá el costo por Nación
La decisión de Nación sobre generación y transporte impactará en el bolsillo de los sanjuaninos, pese al esfuerzo del EPRE por mantener el valor del ítem local.
Por Gustavo Bruni
A pesar de los esfuerzos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) por congelar el componente provincial de la tarifa eléctrica, conocido como Valor Agregado de Distribución (VAD), los sanjuaninos verán un incremento en sus facturas de energía. La razón principal reside en la potestad de la Nación sobre el 60% restante de los ítems que componen la boleta: generación y transporte.
Roberto Ferrero, vicepresidente del EPRE, brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre la composición de la factura y el impacto de esta medida. “Del total, antes de impuestos, la factura de electricidad aproximadamente un 40% corresponde a los cargos provinciales y 60% a generación y transmisión o transporte, que son cargos nacionales”, explicó. Es decir, de cada $100 que abona un usuario, $40 corresponden a costos provinciales y $60 a costos nacionales.
La buena noticia para los sanjuaninos es que ese 40% correspondiente a costos provinciales permanecerá congelado hasta los consumos de enero de 2026, lo que se reflejará en las facturas que vencerán en febrero o marzo del próximo año. Esta medida, establecida por el EPRE, busca aliviar la carga económica de hogares, comercios, industrias y emprendimientos productivos de San Juan. Además, el EPRE dispuso la renovación por seis meses de los planes de pago a tasa cero, permitiendo a hogares beneficiarios de la Tarifa Social suscribir convenios de hasta 12 cuotas sin interés para facturas adeudadas con vencimientos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sin embargo, el panorama se complejiza con la injerencia de la Nación. Ferrero fue claro al respecto: “Nación puede hacer efectivos aumentos sobre ese 60% e ir adecuando los costos de forma mensual acompañando a la inflación y su política de reducción de los subsidios”. Esta facultad recae exclusivamente en la administración de Javier Milei, y ni el EPRE ni la Provincia tienen potestades para disponer lo contrario. Es por ello que, a pesar del congelamiento del componente provincial, los usuarios experimentarán subas en sus boletas debido a las decisiones del Gobierno nacional sobre los costos de generación y transporte de energía.
Ferrero también se refirió a los impuestos y otros cargos que aparecen en la factura. Explicó que “Ingresos Brutos, Línea de 500 y Fondo Piede entran en parte dentro del congelamiento porque los impuestos son un porcentaje del total de energía”. Precisó que la parte izquierda de la factura (donde se desglosan los costos provinciales y nacionales) es la que se consigna el cargo fijo por tener el servicio y el cargo variable, que corresponde al consumo del mes. En tanto, la parte derecha, en su gran mayoría, son impuestos conformados por un porcentaje de la parte izquierda. “Es decir, si la parte izquierda se mantiene fija, el porcentaje de la parte derecha se mantiene fijo. Obviamente, lo que cambia es el consumo: si se consume el doble, la factura se paga más”, detalló.
En cuanto a los impuestos provinciales, Ferrero destacó que solamente en la boleta como impuesto provincial figura Ingresos Brutos, que representa un 1,1%. Los demás son cargos con ejecución de obra, como la Línea de 500 Kw (para el abastecimiento troncal) y el Fondo Piede (relacionado con la red provincial de abastecimiento en alta tensión y estaciones transformadoras), que en general están por debajo del 7%. El componente impositivo más grande, el 21% de IVA, es un impuesto nacional.
Finalmente, el vicepresidente del EPRE mencionó el Cargo Único Municipal (CUM), asociado al costo de la provisión de energía eléctrica a los sistemas de alumbrado público y edificios propios de los municipios. Aunque este componente de costo está desagregado en la factura, no es un impuesto porque también tiene una función específica.
Convocatoria por el régimen tarifario
Cabe mencionar que el EPRE ya anunció la convocatoria a audiencias públicas durante el segundo semestre de 2025 para definir el nuevo régimen tarifario del quinquenio 2026-2031. En estas instancias se analizarán la estructura de costos e impuestos, las proyecciones de crecimiento de la demanda, las inversiones necesarias para garantizar la calidad del servicio y los regímenes de multas a las distribuidoras.