En el contexto del pedido de remoción del diputado José Luis Espert por inhabilidad moral, la diputada nacional Nancy Picón se refirió al accionar de la oposición y realizó una observación sobre la composición de su propio bloque. La legisladora de Producción y Trabajo manifestó la necesidad de ser respetuosos con la justicia y permitir que las investigaciones sigan su curso. Sin embargo, cuestionó la coherencia de la iniciativa al señalar la situación judicial de varios miembros del bloque que la promueve.
Picón recordó: “Mientras que el bloque que lo pide y curiosamente la diputada que lo pide (María Tolosa Paz) está procesada, o sea, tenemos en Unión por la Patria 17 diputados procesados que están hablando de inhabilidad moral de uno del otro lado”. Y reforzó su punto al agregar: “Procesados, tal cual, por diferentes causas de corrupción. Por diferentes causas de sobreprecios. Todas de corrupción”.
Entre los casos que ejemplifican esta situación se encuentran el del diputado Máximo Kirchner, quien enfrenta un juicio oral a partir de diciembre de 2024, confirmado por la Corte Suprema, por la causa "Los Sauces-Hotesur" que investiga un presunto lavado de dinero. Asimismo, la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las firmantes del proyecto contra Espert, es investigada en la denominada causa "Guardapolvos" por presuntas irregularidades en contrataciones durante su gestión ministerial, investigación que fue recaratulada en septiembre de 2024.
La diputada enmarcó esta aparente contradicción dentro de una lógica puramente electoralista. Aseguró que “esto es nada más que política en tiempos de elecciones, sin pensar en la gente que la está pasando mal”, y destacó que, mientras estos debates se suceden, “en el medio está la sociedad y los argentinos que no la estamos pasando bien”.
Respecto al posicionamiento de su espacio político, Picón se definió como una “oposición constructiva” que acompañará al oficialismo en los temas que consideren importantes, pero manteniendo su independencia. Delimitó claramente los alcances de ese apoyo al afirmar: “Pero con los límites que se han establecido desde el gobierno de la provincia de San Juan y del propio gobernador Marcelo Orrego, que es con la educación, no; con la salud, no; con las universidades, no; con la discapacidad, no”. Concluyó reafirmando que, a pesar del acompañamiento en ciertas áreas, “no somos lo mismo y sabemos cuál es nuestro límite”.