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Polémica por lenguaje discriminatorio en Agencia de Discapacidad
Una fuerte controversia se desató tras la publicación de un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se emplean expresiones consideradas despectivas y obsoletas para referirse a personas con discapacidad.
POR REDACCIÓN
El origen de la polémica radica en la Resolución 187/2025, que establece los criterios para la revisión y distribución de las pensiones no contributivas a personas con invalidez. En el anexo del documento, dentro de la categoría "retraso mental", se incluyen términos como "imbécil", "idiota" y "débil mental", definidos en función del coeficiente intelectual.
Clasificación controvertida
El documento detalla la siguiente segmentación:
- 0-30 (idiota): No desarrolla lenguaje, no lee ni escribe, no reconoce dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas y no puede vivir de manera independiente.
- 30-50 (imbécil): No lee ni escribe, atiende sus necesidades esenciales y puede realizar tareas simples.
- 50-60 (débil mental profundo): Puede firmar, tiene un vocabulario limitado, no maneja dinero y solo puede realizar labores rudimentarias.
- 60-70 (débil mental moderado): Lee, escribe, efectúa operaciones matemáticas sencillas, reconoce el dinero y puede desempeñar trabajos de baja exigencia intelectual.
- 70-90 (débil mental leve): Ha cursado la educación primaria y en algunos casos la secundaria, puede realizar tareas más complejas. Se considera "fronterizos" a quienes tienen un CI cercano al normal.
Críticas y rechazo
El uso de estos términos ha suscitado un fuerte rechazo en distintos sectores de la sociedad. Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que estas clasificaciones "perpetúan la discriminación" y contradicen los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por su parte, Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el hecho como "un acto de violencia institucional sin precedentes", denunciando que refleja "un profundo desconocimiento sobre la realidad de las personas con discapacidad y la normativa vigente".
Normativa internacional
Desde hace más de veinte años, estos términos han sido eliminados del lenguaje institucional, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Además, un documento de 1997 ya advertía que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, aunque las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que justifican la existencia de asignaciones especiales.
Las reacciones ante esta resolución han puesto en debate la necesidad de actualizar el lenguaje utilizado en normativas oficiales para evitar el uso de expresiones discriminatorias y garantizar el respeto por los derechos de las personas con discapacidad.