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Política educativa en San Juan: el uso del celular en clase dependerá de cada maestro
Desde Educación comentaron que la decisión correrá por parte del docente.
El uso de teléfonos celulares en el ámbito escolar generó un amplio debate a nivel educativo. En la provincia de San Juan, el Ministerio de Educación ha establecido un marco de acción que prioriza la autonomía pedagógica de los docentes y la aplicación de los acuerdos escolares de convivencia como herramientas fundamentales para regular esta cuestión. Desde la cartera educativa, a través de la secretaria de Educación, Mariela Lueje, se ha enfatizado que el docente, en su condición de autoridad pedagógica en el aula, es el responsable de decidir si emplea o no el dispositivo con fines educativos.
Se reconoce al celular como una herramienta valiosa cuando su uso se orienta pedagógicamente. No obstante, la normativa central radica en los acuerdos escolares de convivencia, instrumentos donde debe ser abordado este tema de manera específica. Dichos acuerdos se construyen de forma colectiva con la participación de directivos, docentes, estudiantes y familias, y una vez firmados por las partes, adquieren un carácter de norma interna para la institución. Esto implica que, si el acuerdo establece la prohibición del uso del celular durante las clases, esta decisión debe ser acatada por los estudiantes, constituyéndose también en una instancia formativa para el respeto de las normativas vigentes.
Esta perspectiva se enmarca en una formación integral que prepara a los estudiantes para la vida adulta y el mundo del trabajo, contextos donde el uso de la tecnología es habitual pero debe regirse por pautas de responsabilidad. Enseñar el uso adecuado y en los momentos oportunos del celular se considera parte de esta formación general y ética. Asimismo, se ha observado que en los espacios de recreo, la restricción del dispositivo ha fomentado en los estudiantes la interacción personal, el juego y la comunicación cara a cara, dinámicas que también son promovidas desde la gestión educativa.
La postura del Ministerio de Educación de San Juan descarta, por el momento, la implementación de una ley provincial que prohíba de manera generalizada el uso del celular. Se considera que una prohibición absoluta coartaría la libertad pedagógica del docente para decidir cuándo el recurso puede ser beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, la política se sustenta en el principio de que cada institución educativa, con su idiosincrasia y realidad particular, es la que debe consensuar y normar este aspecto a través de sus propios canales de convivencia.