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Por orden judicial, Cristina Fernández deberá continuar usando tobillera electrónica
El máximo tribunal rechazó la recusación formulada por la defensa contra los ministros y dejó firme la obligación del uso del dispositivo de monitoreo en su prisión domiciliaria donde cumple la condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema de Justicia ratificó que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar con el uso de una tobillera electrónica mientras cumple la condena a seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario por la causa Vialidad .
La decisión del máximo tribunal se fundó tras el rechazó del planteo de apartamiento presentado por la defensa contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusaba de falta de imparcialidad por haber confirmado la sentencia en junio pasado.
El fallo de los supremos dejó en claro que la colocación del dispositivo de monitoreo no es una medida excepcional, sino una exigencia prevista por la ley. Según señalaron los jueces, la defensa no logró cuestionar de manera adecuada los fundamentos que llevaron al Tribunal Oral Federal 2 y a la Cámara Federal de Casación Penal a imponer dicha condición.
“El dispositivo de monitoreo electrónico, conforme a la legislación, resulta por regla, una exigencia normativa”, sostuvo la Corte, y agregó que su objetivo es “coadyuvar al control judicial sobre la restricción ambulatoria”, de quienes cumplen prisión domiciliaria.
Paralelamente, la Corte consideró abstracto analizar los cuestionamientos sobre el régimen de visitas en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner , ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. A criterio de los cortesanos, la discusión perdió vigencia luego de que el Tribunal Oral Federal 2 modificara las condiciones impuestas, tras la difusión de fotografías en redes sociales donde se veía a la expresidenta reunida de manera simultánea con un grupo de economistas.
Si bien dichas personas estaban autorizadas a visitarla, el tribunal advirtió que no se había pedido permiso para un encuentro colectivo, algo que, según el juez Jorge Gorini, "excede los términos de la autorización requerida" y el "sentido común" de la regla impuesta.
La defensa de la exmandataria, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había argumentado que las restricciones impuestas vulneraban derechos constitucionales y resultaban arbitrarias y desproporcionadas. Incluso ambos penalistas plantearon la inconstitucionalidad de normas del Código Procesal Penal e hicieron alusión a un "temor objetivo de parcialidad2 por parte de los jueces de la Corte.
Sin embargo, el máximo tribunal recordó que la recusación es un mecanismo excepcional y de interpretación restrictiva, reservado para casos extraordinarios, y concluyó que los motivos alegados carecían de la fundamentación mínima exigida por la ley y la jurisprudencia.
En esa línea, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti remarcaron que el recurso contra la tobillera electrónica "carece de fundamentación autónoma" y que la defensa no rebatió de manera concreta los argumentos utilizados por los tribunales inferiores. Para la Corte, limitarse a reproducir la postura de un juez disidente sin un desarrollo propio no alcanza para cuestionar una medida prevista expresamente por la normativa vigente.
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner quedó firme el 10 de junio pasado, cuando la Corte Suprema confirmó la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una semana mas tarde, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó su detención domiciliaria y fijó las condiciones que ahora fueron nuevamente avaladas por el máximo tribunal, entre ellas el uso de la tobillera electrónica , la obligación de preservar la tranquilidad del vecindario y la regulación estricta de las visitas .
Mientras tanto, el análisis por las nuevas restricciones al régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner continuará la próxima semana cuando la Cámara Federal de Casación Penal lleve adelante una audiencia donde participará el Ministerio Público y su defensa que buscará revertir las limitaciones impuestas tras el episodio de las reuniones colectivas.