San Juan continúa sin una Ley de Acceso a la Información Pública

En una semana convulsionada por los carpetazos políticos, San Juan se encuentra en el centro de la tormenta tras recientes denuncias que ponen en tela de juicio la transparencia en la gestión de los fondos públicos. En este contexto, la falta de una Ley de Acceso a la Información Pública se revela como significativa y necesaria para el control ciudadano y la rendición de cuentas por parte de quienes ostentan el poder.

El periodista Tomás Méndez, en su programa emitido por El Nueve, expuso una contratación directa del Gobierno de San Juan a la empresa JL Distribuciones, propiedad de José Nazareno Gazze, por un monto de $685.200.000 para la provisión de 30.000 kits escolares. Además, se mencionó un convenio entre el Ministerio de Turismo de San Juan y la aerolínea Flybondi, que implicó un aporte no reembolsable de 900.000 dólares a cambio de 13.000 pasajes. Todo esto previamente lo informó DIARIO HUARPE en diversas investigaciones que sacó a luz.

Ahora, el interbloque Cambia San Juan (Producción y Trabajo, Actuar, PRO y la UCR) presentó en Diputados una serie de pedidos de informe para auditar los gastos públicos en el acueducto Gran Tulum, juicios contra el Estado, contrataciones directas y financiamiento de medicamentos en la gestión de Sergio Uñac, particularmente entre los años 2020 y 2023.

Estos casos, sin ninguna duda, generan preocupación en la ciudadanía y reavivan el debate sobre la necesidad de contar con una legislación que garantice a todos los sanjuaninos el acceso a la información pública. San Juan es una de las pocas provincias argentinas que aún no adhiere a la Ley Nacional Nº 27.275, sancionada en 2016, que establece el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información del Estado. Además de la provincia, tampoco adhirieron hasta el momento La Pampa, La Rioja y Tucumán.

Hay que marcar que a lo largo de los años, a través de legisladores provinciales, se presentaron diversos proyectos para que la provincia adhiera a esta norma. Incluso fue una promesa incumplida del exgobernador Sergio Uñac, quien en octubre de 2020 en el marco de la presentación del Acuerdo San Juan mencionó “en esta instancia de diálogo hemos coincidido en la necesidad de seguir trabajando desde el Estado para que el ciudadano común acceda en forma más rápida y simple a la información de interés público”. Y agregó: “Por nuestra política de transparencia enviaremos un proyecto de adhesión a la ley nacional de derecho de acceso a la información pública”. Sin embargo, Uñac dejó la gestión sin haber cumplido con su palabra.

Marcelo Orrego, por su lado, durante la campaña que lo llevaría a ser electo gobernador trazó como uno de los ejes mandar a la Cámara de Diputados una Ley de Acceso a la Información Pública. A pesar de este compromiso de transparencia, todavía no existe un proyecto oficial al respecto.  

Lo cierto es que la implementación de esta ley permitiría a los sanjuaninos acceder a información sobre contrataciones, licitaciones, gastos y otros aspectos de la administración pública, fomentando una cultura de transparencia del Estado. Además, contribuiría a prevenir casos de corrupción, uno de los problemas más graves que mencionan los ciudadanos en las encuestas, al establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas. 

Dato

Desde 2017, el Bloquismo venía presentado el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, primero a través de Edgardo Sancassani y luego mediante Luis Rueda, con el espíritu de que no perdiera el estado parlamentario. Durante la gestión de Uñac, el diputado del PRO, Enzo Cornejo, lo presentó cada año, pero este 2025 aún no lo ha hecho.