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Santa Fe aprobó un protocolo de Inteligencia Artificial para la administración pública
La medida crea un marco regulatorio para el uso de IA generativa en el Estado, con definiciones sobre datos personales, autoridades de aplicación y sanciones por incumplimiento.
POR REDACCIÓN
El gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó mediante el decreto 2726/2025 el "Protocolo para la Adopción y Uso de Tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito de la Administración Pública". La normativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, entró en vigencia el pasado lunes 3 de noviembre tras su publicación en el Boletín Oficial, estableciendo un marco regulatorio para la implementación de estas tecnologías en todo el Estado provincial.
El documento define a la Inteligencia Artificial como sistemas basados en máquinas que pueden realizar predicciones, recomendaciones o tomar decisiones que influyan en entornos reales o virtuales. Asimismo, conceptualiza a la Inteligencia Artificial Generativa como aquellos sistemas cuyo propósito principal es la generación de contenido nuevo en formato de texto, imagen, audio o código. El protocolo incluye definiciones específicas sobre el tratamiento de datos personales y sensibles, enfatizando la protección de información relacionada con origen étnico, creencias religiosas, afiliación sindical, opiniones políticas, datos de salud, orientación sexual e información genética o biométrica.
La Secretaría de Tecnologías para la Gestión fue designada como autoridad de aplicación, con facultades para dictar normas aclaratorias, elaborar guías de buenas prácticas, coordinar capacitaciones obligatorias y evaluar periódicamente la pertinencia del marco normativo. Se establece que todos los agentes públicos que utilicen estas herramientas por la naturaleza de sus funciones deberán participar y aprobar programas de capacitación sobre el uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa.
El decreto prevé el desarrollo de un Plan Anual de Capacitación que incluirá aspectos técnicos, riesgos, principios éticos y el marco normativo aplicable, fomentando una cultura de uso crítico y responsable de la tecnología. Finalmente, se determina que el incumplimiento de los deberes establecidos dará lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias correspondientes, previa sustanciación del procedimiento disciplinario pertinente que garantice el debido proceso.