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Comunidades indígenas y productores de 25 de Mayo unidos por el derecho al agua
Miembros de comunidades indígenas, pequeños productores y campesinos del departamento 25 de Mayo piden formalmente al gobernador de San Juan, la construcción de un acueducto y la recuperación del caudal del río San Juan.
Luego de que el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, confirmara en DIARIO HUARPE que el proyecto del acueducto para la zona sureste de la provincia de San Juan está siendo evaluado por los técnicos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), miembros de la comunidad huarpe, pequeños productores y campesinos del departamento 25 de Mayo, solicitaron formalmente al gobernador Marcelo Orrego, la concreción de la obra y la recuperación del caudal del río San Juan. La solicitud, apoyada legalmente por los doctores Javier Alamino y Ariel López, plantea reclamos históricos que, hasta el momento, no han sido resueltos, afectando a cientos de familias de la región.
Vale recordar que los primeros en alzar la voz por la necesidad de agua para vivir fueron los puesteros de la comunidad huarpe Pinkanta Luego, los puesteros de Las Trancasy, más tarde, el secretario de Obras del municipio de 25 de Mayo, José Antonio Reinoso, quien expresó su preocupación y explicó que el municipio carece de los recursos técnicos, humanos y financieros para encarar obras de esta magnitud.
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El pedido formal al gobierno de San Juan
En la presentación, las comunidades indígenas y campesinas plantean tres puntos clave: el reconocimiento de sus derechos mediante una consulta previa; la construcción del acueducto (desde Camarico hasta Las Trancas, límite con San Luis); y que se garantice un caudal de agua mínimo para el río San Juan para recuperar las Lagunas de Guanacache, un sitio reconocido por organismos internacionales como uno de los humedales más importantes del planeta
"Nuestra solicitud no solo resolvería la problemática del agua, sino que también aliviaría las graves consecuencias de décadas de negligencia en la región, permitiendo que los que habitamos en las Lagunas de Guanacache podamos vivir y trabajar en condiciones dignas", dicen en el escrito.
La solución propuesta por los veinticinqueños busca un desarrollo sostenible en el tiempo en el suroeste de San Juan.
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El marco legal que respalda el pedido
El reclamo se apoya en el derecho a la consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas de 2007. Un derecho que establece que cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar a los pueblos indígenas, debe contar con su participación y consentimiento previo. Asimismo, en la Constitución de la Provincia de San Juan, que protege el derecho a la salud de la población y a un ambiente equilibrado; y en la declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que en 2010 reconoció al agua como un derecho humano esencial para la vida. Un criterio que, aunque no vinculante, refuerza el pedido de los habitantes y pone en evidencia la urgencia de asegurar su abastecimiento.
La falta de acceso a agua potable y el riesgo sanitario que enfrentan los habitantes de esta zona, vulneran estos derechos fundamentales.
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Una lucha por el agua y la vida
Los firmantes de la nota enviada al gobernador Marcelo Orrego, habitan un área de 220.000 hectáreas en la región que se conoce como "Lagunas de Guanacache", que, aunque protegida por el Tratado Ramsar, la no acción de los gobiernos por protegerlas, actualmente se encuentra en un principio de desertificación grave por la falta de agua.
En el pasado, las lagunas cubrían unos 200 km de extensión, formando un ecosistema clave en la frontera entre San Juan, Mendoza y San Luis. Sin embargo, la expansión de la actividad agrícola en el siglo XIX (principalmente vitivinícola), que privilegió el riego en otras regiones, sumado a la construcción de represas, condujo a la progresiva desaparición de las lagunas y a una migración numerosa de la población local.
Las familias que decidieron quedarse, hoy tienen que adaptarse a un ambiente de aridez extremo. En la actualidad, cerca de 700 personas, en su mayoría pequeños productores ganaderos, viven en la zona sin acceso a agua potable segura.
La provisión de agua con la que cuentan las familias, en algunos casos, se realiza a través de pozos precarios, muchos de los cuales están contaminados con arsénico; y en otros, solo dependen de las lluvias esporádicas o del agua que provee el municipio con camiones cisterna. Un panorama gris oscuro, que agrava los problemas de salud y limita la calidad de vida en la zona. Todos, motivos suficientes para que los funcionarios de la provincia trabajen en el proyecto esperado por años, en una comunidad que resiste al olvido.
Dato 1
Las provincias vecinas de Mendoza y San Luis, han implementado sistemas de acueductos en áreas áridas, lo que evidencia que la solicitud de las comunidades veinticinqueñas es viable.
Dato 2
La situación no es nueva para las autoridades de San Juan. En 2013, cuando gobernaba José Luis Gioja, bajo el expediente 22.209/13, el Defensor del Pueblo recomendó declarar la emergencia hídrica en la región, y en 2021, se elevó otro pedido al entonces gobernador Sergio Uñac: ambos expedientes nunca obtuvieron respuestas concretas.