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Spagnuolo selló su salida con un desafío: "¿Quién me grabó? No se los voy a decir"
Diego Spagnuolo, ex titular de Andis, desconcertó al gobierno al cambiar su versión sobre el origen de los polémicos audios: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”.
POR REDACCIÓN
La difusión pública de una serie de audios en los que el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, denunciaba presuntos hechos de corrupción en las altas esferas del Gobierno, desató una crisis política de vastas proporciones. El episodio no solo culminó con la destitución del funcionario, sino que también expuso profundas divisiones internas y una estrategia judicial descoordinada que terminó por amplificar el escándalo.
El núcleo de la controversia gira en torno al origen de las grabaciones. Inicialmente, Spagnuolo señaló a Natalia Basil, quien en ese momento se desempeñaba en el área de partidas presupuestarias de la Andis. Sin embargo, horas más tarde, y en medio de un frenético interrogatorio por parte de interlocutores oficiales, el exfuncionario cambió radicalmente su versión. De manera desafiante, se negó a revelar la fuente de las grabaciones con la frase textual: “¿Quién me grabó? No se los voy a decir”. Esta negativa encendió la furia del círculo más íntimo del presidente Javier Milei, que durante horas había esperado una renuncia que nunca se concretó y que finalmente decidió desvincularlo.
La crisis obligó a la convocatoria de un comité de emergencia para diseñar una estrategia legal. Las divergencias fueron inmediatas. Mientras que una propuesta inicial sugería una denuncia penal por espionaje —delito de acción pública— sin individualizaciones, finalmente se impuso la línea de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su estrategia, materializada en una denuncia penal, incluyó una medida cautelar para prohibir la difusión de los audios, la cual fue presentada en el fuero civil y comercial federal a cargo del juez Patricio Alejandro Marianello.
La elección de este fuero y la aceptación del caso por parte de Marianello, un magistrado con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual en el Consejo de la Magistratura, generó perplejidad y críticas. La medida cautelar, considerada por expertos como contraria a la Constitución Nacional, se encuentra en vías de ser revocada por la Cámara correspondiente, lo que dejaría al juez en una situación de extrema vulnerabilidad.
Paralelamente, la denuncia penal interpuesta por Bullrich complicó aún más el panorama. El escrito incluyó una extensa lista de objetivos, desde allanamientos a periodistas hasta la mención de figuras como el exespía Fernando Pocino, Franco Bindi —con conexiones en el oficialismo venezolano— y Pablo Toviggino de la AFA, llegando incluso a involucrar a Rusia, que respondió mediante una nota diplomática. Esta “ensalada de enemigos”, según fuentes consultadas, maniató las chances de una investigación penal coherente y dejó al fiscal Carlos Stornelli con escaso margen de maniobra.
En el fondo de la crisis subyace una intensa pulseada interna. Por un lado, se ubica el sector de Bullrich, que fortaleció su posición interna al imponer su estrategia judicial. Por el otro, la familia Menem —el presidente de la Cámara de Diputados, Martín, y su tío “Lule”—, quienes son señalados por algunos sectores como los impedimentos para una auditoría integral en la Andis. Frente a ellos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus aliados abogaban por una salida menos confrontativa.
La incógnita sobre el origen de las grabaciones persiste. Mientras algunos en el Gobierno promueven la teoría de un “topo interno” que habría grabado reuniones privadas, incluso algunas que involucrarían a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, otros analizan la calidad técnica del audio para determinar la distancia del micrófono. La certeza de que existen más horas de grabación que podrían develar nuevas irregularidades mantiene en vilo a la administración.
El caso Spagnuolo dejó al descubierto no solo presuntas tramas de corrupción, sino también una guerra interna por el poder, una estrategia judicial errática y la vulnerabilidad de un gobierno que se enfrenta a sus primeros grandes escándalos. Las consecuencias políticas y judiciales de esta crisis aún están por verse.