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Sturzenegger aclaró que la rebaja de impuestos será por “cantidad de instrumentos”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado también habló sobre el concepto de “motosierra profunda” y la posibilidad de eliminar la coparticipación.
POR REDACCIÓN
Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, aclaró que el anuncio realizado ayer por el presidente Javier Milei sobre reducción de impuestos apunta a achicar la “cantidad de instrumentos” que hay vigentes actualmente y no la carga impositiva propiamente dicha.
Al ser consultado sobre la cuestión por Eduardo Feinmann en radio Mitre, precisó: “Él no está hablando de eliminar el 90% de los impuestos cuantitativamente, está hablando en términos de cantidad de instrumentos”. Y precisó: “Para bajar el 90% de la carga impositiva, tendríamos que bajar 90% el gasto”.
“Lo ha hecho un 30%, que es una cosa histórica que no había ocurrido en un lugar del mundo, pero no, él está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco y que me parece que es momento de empezar a simplificar y en todo caso, concentrarte en los impuestos más importantes”, completó.
De ese modo, Sturzenegger relativizó las palabras de anoche del jefe de Estado que en un discurso por su primer año de gestión había prometido una reducción impositiva para devolverles autonomía fiscal a las provincias.
Control a las universidades
Sturzenegger confirmó que el gobierno enviará un decreto para la implementación de esquemas de control a las universidades nacionales de la administración pública y la modificación del régimen de navegación en toda la Argentina.
“De alguna manera exigimos a las universidades la transparencia en su gasto y en el pago de sus sueldos; no deja de ser dinero público”, señaló Sturzenegger en comunicación con radio Mitre. El anuncio surge luego del rechazo de la justicia a la medida cautelar solicitada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), para que presente información respecto a los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y facilite la documentación para poder auditar esa rendición de cuentas.
El juez Santiago Carrillo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, también decidió postergar el tratamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 y la posible incompetencia de la SIGEN para auditar a la UBA, cuestiones que serán analizadas en el dictado de la sentencia definitiva.
Este planteo había sido presentado previamente por la UBA a través de su rector, Ricardo Jorge Gelpi, en una acción declarativa de certeza. La universidad argumentó que el control interno le corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme a la Ley de Educación Superior y al marco normativo que regula a las universidades nacionales.
Por otro lado, el ministro adelantó “un cambio realmente espectacular” en el régimen de navegación, que tendrá como objetivo la reducción de un “30% o 40% los costos de traer un barco a la Argentina”. Además de que afirmó que están trabajando en la ley de navegación para la apertura del cabotaje marítimo a terceras banderas.
Asimismo, indicó que la navegación interna necesita un “reajuste importante” y explicó: “El cabotaje en Argentina tiene costos altísimos, tanto es así que no hay marina mercante. Desde Tierra del Fuego a Buenos Aires venís por camión, cuando no tiene absolutamente lógica alguna. Realmente destruyeron la negación interna en Argentina”.
El anuncio formal se había realizado a fines de noviembre, en un acto conjunto en Puerto Madero entre los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado y Seguridad, con la presencia de Patricia Bullrich; y con la participación de las principales autoridades de la Prefectura Naval Argentina, para la presentación del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) y que servirá para agilizar trámites y reducir costos en ese sector al estilo de los que ya se presentaron también en el sistema aerocomercial. El objetivo del Gobierno es que exista un esquema regulatorio más flexible y actualizado; y consideran que estas reformas tendrán un impacto positivo en la competitividad del sector y en la capacidad operativa de quienes participan en la actividad marítima y fluvial.