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Una policía y un gendarme acusados de abusar sexualmente a sus hijos adoptivos
La policía y el gendarme fueron imputados tras la acusación de abusar sexualmente a sus hijos adoptivos.
POR REDACCIÓN
Una agente de la Central de Policía, identificada solo por sus iniciales A.C.A.P.P. para proteger la identidad de sus hijos adoptivos, fue formalmente imputada el miércoles 3 de diciembre por supuestos actos de maltrato y abuso sexual perpetrados contra los dos menores que estaban a su cargo en Chimbas.
La mujer, quien se desempeñaba en el área administrativa de la Central de Policía, quedó detenida. Esta causa ya involucraba previamente a su esposo, un gendarme que también permanece bajo arresto. La investigación se inició tras las denuncias formuladas por la madre biológica y la tía materna de la niña mayor, quienes son, a su vez, abuela y madrina de la menor.
En la audiencia de control de detención y formalización, la Fiscalía, representada por la fiscal ayudante Érica Funes y el fiscal Roberto Ginsberg, expuso una serie de elementos probatorios. Entre ellos, destacaron las declaraciones de familiares, diversos informes profesionales y una colección de audios atribuidos a la niña.
Los fiscales señalaron que, aunque el contenido de los audios se presentó de manera reservada por tratarse de víctimas menores, describían episodios de violencia y conductas de índole sexual que habrían sido ejercidas por la imputada. Las denunciantes habían sostenido que los niños, una niña de siete años y un nene de cinco años, padecían violencia física reiterada, y que la niña mayor habría relatado episodios particularmente graves.
La Fiscalía detalló además la conducta de la uniformada tras las primeras acusaciones. Indicaron que la mujer habría amenazado a las denunciantes y a otros familiares. Debido a su condición de funcionaria policial con desempeño en la Central de Policía, la Fiscalía argumentó que su posición podría facilitar el entorpecimiento de la investigación. El Ministerio Público también expuso que la imputada incluso habría manifestado intenciones de quitarse la vida frente a los menores, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad.
Los fiscales solicitaron inicialmente cuatro meses de prisión preventiva efectiva y un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria. También pidieron el anticipo jurisdiccional de prueba para que los menores —quienes se encontraban en proceso de guarda preadoptiva desde 2022 y próximos a obtener sentencia de adopción— pudieran declarar en Cámara Gesell, evitando así nuevas exposiciones traumáticas.
La defensa sostuvo que la mujer atraviesa problemas de salud y presentó un informe médico detallando patologías previas y tratamiento con medicación. El letrado pidió que la prisión preventiva se cumpliera de manera domiciliaria en la vivienda de una amiga, en un intento por refutar el riesgo procesal.
Finalmente, la jueza Celia Maldonado desestimó el pedido de domiciliaria y dispuso tres meses de prisión preventiva efectiva. La magistrada determinó que existía riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación y necesidad de preservar la prueba vinculada a los menores. La prisión se deberá cumplir en la Comisaría 28°, sitio solicitado por la propia imputada. Además, se fijó un plazo de ocho meses para la investigación penal preparatoria.