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Universitarios convocan marcha federal tras veto a la ley de financiamiento
Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, la Federación Universitaria Argentina, el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional convocaron a una marcha federal.
POR REDACCIÓN
Tras el veto a la ley de financiamiento universitario, la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una movilización federal el día que el Congreso fije el tratamiento de la anulación presidencial de la norma. Se estima que la fecha podría ser el 17 o 24 próximos. Además, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) anunció un paro para este viernes en todas las casas de altos estudios nacionales.
La comunidad universitaria ya había anticipado la convocatoria bajo la consigna: “Si hay veto, hay marcha”. “La característica distintiva de esta movilización sería la confluencia del sector universitario con otros como por ejemplo la salud pública, en específico, la lucha que encabeza el hospital Garrahan”, señalaron la FUA, el CIN y el Frente Gremial en un comunicado.
“El Gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”, indicó el titular de la FUA, Joaquín Carvalho.
Por su parte, Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), agregó: “Ni las universidades, ni los hospitales, ni los jubilados y discapacitados pueden ser las variables de este ajuste. La sociedad ha sabido expresarlo en las elecciones bonaerenses, el deber de escucharlo es de quienes gobiernan”.
La ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto, encomendaba al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre 2023 hasta la fecha de sanción de la ley y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias.
Un proyecto similar había sido aprobado el año pasado y luego vetado por el Presidente, lo que generó una acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC), coincidiendo con ejercicios en los que la administración pública funcionó sin un presupuesto aprobado por el Congreso, sino prorrogado.
“Esa decisión provocó una caída de casi la mitad del poder adquisitivo de los salarios. Este año la situación se agravó porque la recomposición salarial no logró compensar la inflación, lo que llevó a la UBA a declarar la emergencia salarial en marzo”, señalaron los decanos en un comunicado reciente.
El proyecto había sido aprobado por el Senado con 58 votos a favor, 10 en contra (siete de La Libertad Avanza y tres de Pro) y tres abstenciones.