Veto al Presupuesto de Chimbas: Rodríguez dijo que hubo “exceso de poder” del Concejo

La intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez, vetó el Presupuesto Municipal 2026 aprobado por el Concejo Deliberante y acusó al órgano legislativo de haber incurrido en un “exceso de poder y un abuso de competencias”. Según la jefa comunal, las modificaciones introducidas por el Deliberante alteraron el diseño original del plan de gastos y recursos, produciendo un quiebre institucional y un avance directo sobre funciones que la Carta Orgánica reserva al Departamento Ejecutivo. Rodríguez defendió el veto como un acto de responsabilidad y no como una disputa política.

En el comunicado, la intendente explicó que la facultad del Concejo puede aprobar, rechazar o formular observaciones, pero no diseñar un nuevo presupuesto, reasignar partidas, crear gastos, alterar prioridades ni determinar destinos del gasto. “Eso implica gobernar, no legislar”, planteó Rodríguez, al remarcar que el Deliberante pasó de controlar a gestionar, afectando el principio republicano de división de poderes.

Entre los puntos más sensibles mencionados por la jefa comunal se encuentra el monto que el Concejo destinó para su propio funcionamiento: $4.000.000.000. Para Rodríguez, esa cifra resulta “altísima para cualquier órgano legislativo municipal” y provoca un impacto directo sobre la gobernabilidad. Al redefinir partidas, indicó, el Deliberante terminó decidiendo qué gastos se realizan y cuáles se suprimen, cuántos agentes se pagan, qué contratos se honran, qué políticas sociales continúan y qué servicios se sostienen. El Concejo "pasa de controlar a gobernar, sustituyendo al Poder Ejecutivo en su función esencial”, enfatizó.

El sueldo más

Algo que fue cuestionado fue el intento del Deliberante de modificar el sueldo de la propia intendente. Según explicó, la maniobra tendría por objetivo incrementar los haberes de los concejales, ya que “el sueldo de los concejales se fija en función del de la intendenta”, conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal. Para el Ejecutivo, esa modificación vulnera el orden institucional y altera la arquitectura salarial del municipio.

Otro aspecto objetado fue la reasignación de partidas originalmente pertenecientes al Poder Ejecutivo. Rodríguez mencionó la creación de partidas para viáticos, subsidios y contrataciones bajo la órbita del Concejo y cuestionó la generación de una “estructura administrativa paralela” con direcciones como Eventos, Recursos Humanos, Compras y Contrataciones, Innovación, Planificación y Participación Ciudadana. “Estamos hablando de once nuevos cargos que intenta crear el Concejo Deliberante en planta política, sin sustento legal”, señaló.

El diálogo primero, pero llegó el veto

La intendente aseguró que, antes de llegar al veto, el Ejecutivo intentó abrir canales de diálogo. “Desde el Ejecutivo siempre se buscó la instancia de diálogo, de manera formal e informal, sin obtener resultados”, dijo. Según su versión, el Deliberante mantuvo la postura y defendió las modificaciones, obligando al Ejecutivo a actuar en defensa del orden institucional.

En el cierre del mensaje, Rodríguez enfatizó que la decisión no responde a una disputa política sino a una obligación jurídica. “El veto responde a un mecanismo de defensa del orden constitucional, no es una opinión política, es un deber jurídico”, planteó. Sostuvo que la medida busca garantizar el principio republicano de división de poderes y “el equilibrio funcional de los servicios que brindamos a nuestra comunidad”.

Con el veto ya firmado, el proceso institucional queda a la espera de una nueva instancia entre Ejecutivo y Deliberante para definir el Presupuesto 2026. Para la intendente, el conflicto no se reduce a una discusión presupuestaria, sino a un debate más profundo sobre competencias, límites y gobernabilidad en el municipio de Chimbas.