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AFA negó incumplimientos contables y cargó contra la IGJ
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó públicamente las acusaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), defendió la presentación de sus balances y denunció presiones vinculadas al Gobierno nacional.
POR REDACCIÓN
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó ayer un comunicado contundente en respuesta a las observaciones realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ), que dependiente del Ministerio de Justicia había intimado a la entidad a presentar balances contables pendientes y justificar estados financieros de ejercicios anteriores.
El organismo conducido por Claudio “Chiqui” Tapia negó enfáticamente que haya incumplido con sus obligaciones contables y advirtió que todas las presentaciones exigidas fueron realizadas en tiempo y forma desde 2017. Según la AFA, solo recibieron una observación durante ese período y ya fue contestada.
La IGJ, en tanto, había señalado que estaba revisando documentación que debía avalar más de una década de estados contables, bajo la lupa por presuntas inconsistencias millonarias en las cifras y en las partidas incluidas en los balances. Esta exigencia forma parte de un proceso de fiscalización más amplio impulsado por el Gobierno nacional.
En su comunicado, la AFA afirmó que no existe un incumplimiento de sus obligaciones formales, y acusó indirectamente al organismo de control de “recorrer medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes”. La entidad sostuvo que las presiones mediáticas y políticas en el marco del enfrentamiento con el Gobierno de Javier Milei reflejan una “difusión de acusaciones infundadas”.
La respuesta pública de la AFA también se produce en un contexto en el que la IGJ y el Poder Ejecutivo han intensificado el escrutinio de las organizaciones deportivas, exigiendo no solo la presentación de los documentos faltantes, sino explicaciones sobre partidas y flujos de dinero por cientos de millones de dólares, que para la autoridad de control son clave para evaluar la transparencia institucional.
El intercambio de acusaciones plantea un escenario de tensión entre la entidad del fútbol y los organismos estatales encargados de la supervisión legal y contable de asociaciones civiles, con plazos fijados por la IGJ para dar respuesta a los requerimientos antes del 20 de enero. El conflicto podría derivar en sanciones o medidas más severas si no se cumple con las exigencias administrativas, según fuentes oficiales.
La AFA insiste en que “la única verdad es la realidad”, frase con la que cerró su comunicado, y busca marcar una defensa de su gestión contable y financiera ante una presión pública inédita en sus últimas décadas de historia institucional.