Amenazas de bomba: San Juan gasta $3.000.000 en cada operativo

Ante la reciente ola de amenazas de bomba que han afectado a la provincia, el Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Seguridad, está evaluando e instrumentando el método para cobrar el costo operativo de estos despliegues a los responsables. La medida busca ser sancionatoria y ejemplificadora, además de buscar la reparación por el daño producido y generar conciencia sobre la irresponsabilidad de estos actos.

En la última semana, San Juan fue escenario de al menos cuatro alarmas. Los incidentes obligaron a la evacuación de instituciones clave como el Hospital Guillermo Rawson, varias escuelas con nombres similares a Antonio De la Torre y Antonio Torres en Capital y Rawson, el Centro Cívico y la Escuela Eugenia Belín Sarmiento en Rawson.

Según explicó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, el costo operativo de poner en marcha el protocolo para estos casos supera los 3 millones de pesos por llamado. Este monto incluye la movilización de personal, equipamiento, movilidades y la parte tecnológica, recursos que se activan con cada alerta falsa.

Delgado confirmó que se está trabajando para que este valor determinado sea cobrado a los responsables. Si el autor de la amenaza es mayor de edad, se le cobrará directamente a él. En los casos en que el autor sea menor de edad, la responsabilidad financiera recaerá en los padres. El método exacto para hacer efectivo este cobro está en proceso de definición, pudiendo ser dentro del mismo proceso penal o de manera administrativa a través de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Estado.

Las autoridades han logrado identificar a algunos responsables. En el caso del Hospital Rawson, la llamada, realizada por una voz femenina, fue geolocalizada y salió desde adentro de las instalaciones, identificándose a la titular de la línea, una bioquímica residente que alegó que su celular fue hackeado. En el caso del Centro Cívico en Iglesia, la investigación ubicó el llamado en una vivienda donde la madre reconoció la voz de su hijo de 13 años como la del autor. La Justicia ha constatado que en varios de los casos recientes los autores fueron menores de edad, excepto uno.

Delgado enfatizó que una amenaza de bomba no es una broma, sino un delito tipificado que involucra a la unidad fiscal y al Ministerio Público Fiscal. Aunque la pena penal no sea alta, el daño que produce la movilización es considerable, especialmente si ocurre en un hospital. Por ello, además de buscar la “reparación”, se impulsará una campaña educativa y de concientización en las escuelas, en conjunto con el Ministerio de Educación, para mostrar el daño que producen estos actos.

La medida de cobrar los operativos, aún en definición de su instrumentación, busca desincentivar la realización de amenazas que no solo generan alarma y temor en la población, sino que también implican un desembolso económico significativo para el Estado provincial.