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Baigorrí achica planteles, mueve fiscales y quita trámites burocráticos
El flamante Fiscal General ante la Corte, Guillermo Baigorrí, decidió realizar cambios profundos en el organismo que se concretarán a partir del 1 de enero del 2026.
Por Marcos Ponce
El 19 de noviembre Guillermo Baigorrí asumió como Fiscal General ante la Corte de Justicia, y antes de cumplir un mes ya avanzó con una serie de decisiones estructurales que redefinirán el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. La reestructuración abarca la redistribución de fiscales, la reducción del plantel de las unidades territoriales y la simplificación de los trámites vinculados al Complejo Científico Forense y de Criminalística. Todas las medidas comenzarán a implementarse el 1 de enero de 2026, marcando un giro profundo en la dinámica interna del organismo.
El primer eje de esta reforma se concentra en las Unidades de Abordaje Territorial (UAT). Actualmente, estas dependencias cuentan con un plantel de 34 ayudantes fiscales distribuidos en toda la provincia, con el objetivo de garantizar presencia territorial y respuesta rápida ante las demandas judiciales. Sin embargo, tras una evaluación técnica y estadística, Baigorrí resolvió que el volumen de profesionales excede las necesidades reales detectadas en el territorio. Por ello, el plantel será reducido a 19 integrantes, y los 15 restantes serán reubicados en unidades fiscales que requieran refuerzo urgente de personal.
Fuentes del Ministerio Público explicaron que el análisis realizado por el Fiscal General arrojó diferencias significativas entre la dotación existente y la carga real de trabajo en cada zona. De allí que la redistribución permitirá equilibrar recursos y fortalecer áreas críticas que hoy operan con menos personal del necesario.
El segundo cambio relevante afecta a la Unidad de Soluciones Alternativas (USA). Baigorrí tomó la decisión de disolverla y reubicar a sus profesionales en otras dependencias del Ministerio Público Fiscal. El hasta ahora supervisor de esa unidad, Adrián Riveros, pasará a integrar la Unidad Fiscal Genérica, incorporándose al organigrama ya existente. El resto del equipo también será reasignado según las necesidades de cada UFI, en línea con el criterio de optimizar la distribución de recursos humanos.
Con esta decisión, Baigorrí busca fortalecer las unidades que actualmente presentan mayores niveles de demanda operativa, además de evitar la duplicación de tareas entre áreas que, según su diagnóstico, podían articularse de manera más eficiente.
El tercer punto de la reestructuración implica la derogación de la Resolución 4.344, firmada en 2022 por el entonces Fiscal General Eduardo “Jimmy” Quattropani. Esa normativa establecía un protocolo minucioso y obligatorio para el uso del Complejo Científico Forense y de Criminalística del Poder Judicial (CCFyC). Baigorrí consideró que el esquema vigente generaba una burocracia excesiva que ralentizaba la producción y entrega de informes probatorios, afectando directamente los tiempos de respuesta en las causas.
A partir de la nueva disposición, el Ministerio Público Fiscal eliminará una serie de trámites que, según el diagnóstico oficial, no aportaban valor técnico y prolongaban innecesariamente los procesos. El objetivo es agilizar el circuito probatorio, reducir tiempos de espera y mejorar la coordinación con el CCFyC.
Con estas medidas, Baigorrí sienta las bases de un rediseño institucional que busca eficiencia, equilibrio y simplificación en áreas clave del Ministerio Público. La implementación desde enero del próximo año abrirá una nueva etapa en la organización interna, con el foco puesto en optimizar el trabajo cotidiano y mejorar la capacidad operativa del sistema judicial provincial.