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La ley de proveedores mineros pasaría al 2026 para su tratamiento en Diputados
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Minería, no establecerá cupos obligatorios, sino que fijará metas para promover la "sana competencia" e integrar a las empresas y trabajadores sanjuaninos en la cadena de valor del sector.
Tras destacar el reciente impulso minero de la provincia de Mendoza y ofrecer la colaboración de San Juan —con más de 20 años de experiencia en el sector—, el ministro Perea se refirió al trabajo legislativo que lleva adelante su cartera, con especial foco en la participación de los proveedores locales.
Más que una “ley de proveedores”: una ley de desarrollo local
Perea aclaró que el proyecto en elaboración no se limita a ser una simple “ley de proveedores”. En sus palabras, se trata de una “ley de desarrollo de comunidades y de fomento para el empleo local”.
“Es una ley que lejos de alambrar una provincia, busca fomentar y busca la sana competencia”, explicó el ministro. El espíritu de la norma no es establecer cupos obligatorios rígidos, sino fijar objetivos claros que incentiven la incorporación de bienes, servicios y mano de obra provincial en la cadena de valor minera.
“Es una ley que no habla de cupos sino de objetivos”, recalcó, indicando que en el futuro se explayará más sobre sus mecanismos específicos.
Estado de avance y proyección temporal
Según Perea, la ley “en gran parte está lista”. Los equipos técnicos ya han trabajado en su redacción y el gobernador está al tanto del proyecto. Sin embargo, resta una presentación formal y ajustar “la semántica de uno o dos artículos para redondear y que sea lo bastante clara para que todo el mundo comprenda”.
Respecto al cronograma legislativo, el ministro reconoció que la idea original era tratarla este año, pero otros temas de agenda provincial han demandado prioridad. Mencionó especialmente el tratamiento de la ley aclaratoria de glaciares —donde San Juan ha tenido un rol activo— y los preparativos para el ingreso en producción del yacimiento Hualilán.
Con el periodo legislativo actual próximo a finalizar, la ventana para su aprobación en 2025 se cerró. No obstante, Perea no confirmó ni descartó que su tratamiento se concrete durante 2026, dejando abierta la posibilidad de avanzar con la presentación formal una vez afinados los detalles finales.
Contexto: Transparencia y colaboración como base
El anuncio se enmarca en la visión que el ministerio ha promovido en los últimos años, centrada en generar transparencia y agilidad para los inversores —como con la digitalización del catastro minero—, y en fortalecer la cooperación interprovincial.
Perea destacó que, a través del Consejo Federal de Minería (Cofemin), San Juan está dispuesta a compartir sus avances normativos y procedimentales con todas las provincias mineras, incluida Mendoza, que recientemente ha decidido apostar con más fuerza por el sector.
El proyecto de ley sobre desarrollo de comunidades y empleo local representa un paso significativo en la evolución de la política minera sanjuanina. Busca pasar de un modelo basado únicamente en la extracción de recursos, a uno que integre y potencie las economías locales, generando cadenas de valor sostenibles y oportunidades reales para los habitantes de la provincia.
Con esta iniciativa, San Juan no solo consolida su liderazgo minero a nivel nacional, sino que también propone un marco para que la industria sea un motor de desarrollo regional inclusivo y de largo plazo.