El desesperado pedido de la esposa de un policía federal para que no lo trasladen

Carolina Escobar es esposa de Diego Vargas, un sargento de la Policía Federal Argentina, el cual lleva 18 años de servicio en la fuerza y siempre estuvo dispuesto a lo que la superioridad ordenara. El pasado mes de agosto, una cirugía de urgencia reveló algo que nadie quería que ocurriera: la presencia de un tumor testicular que resultó ser cancerígeno y por ello hubo que extirparlo para evitar que la enfermedad se ramifique o se traslade a otro órgano. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que cuerpo médico decidió realizar una vasectomía para proteger el resto del aparato reproductor del suboficial federal, aunque el objetivo final era protegerlo de la aparición de un nuevo tumor.

Postoperatorio y la noticia que no vio venir

Habían pasado 13 días de la cirugía, y aun en período de recuperación postoperatorio, cuando recibió la noticia de que debía recibir el alta y emigrar a la provincia de Mendoza con toda su familia y dejar su hogar que hacía dos años había obtenido. En consecuencia, debía dejar la escuela de sus hijos y hasta el seguimiento de su enfermedad que le demandará por lo menos un año y medio. Sumado a todo esto, lo más complicado, salir del trauma por la aparición de la enfermedad.

Carolina explicó que con su pareja, Diego, quien es el padre de sus tres hijos, llegaron de Buenos Aires (de donde son oriundos) con destino a San Juan, por disposición de la PFA, teniendo una sola hija y en esta provincia concibieron los otros dos integrantes de la familia.

Aquí pasaron varios años alquilando, hasta que en 2022 recibieron del IPV la casa que obtuvieron tras un sorteo provincial cuatro años antes, donde las fuerzas policiales tenían asignado un cupo y el sargento Vargas tuvo la fortuna de salir sorteado.

El origen del traslado

Hace un par de años, el suboficial Vargas fue sancionado por estar mal rasurado, una falta considerada leve, pero sancionable. Por esto le correspondería una sanción de apenas unos días de arresto, que podrían ser de uno a tres días, pero sus superiores le dieron 10 días, a lo que el efectivo presentó un recurso administrativo para bajar la sanción. Eso motivó una nueva sanción por otros 10 días, sumando 20 días, situación que no está contemplada en el reglamento policial.

El recurso presentado por Vargas ante la superioridad resultó a su favor y por ello, finalmente, se aplicó una sanción de seis días de arresto, situación que ahora había que resolver, en virtud de que el sargento Vargas ya había cumplido 18 días de arresto. Por tal motivo, las máximas autoridades, entendiendo que hubo una mala aplicación de la sanción, decidieron compensar esos días de arresto de más (eran 12 días) y se los devolvieron como jornadas de franco o de descanso.

La resolución en favor de Vargas, casi sin precedentes, no cayó bien entre los oficiales que habían querido sancionarlo primeramente y ahora, dos años después, con un memorando extraordinario, es decir, fuera de los plazos normales para hacer trasladados, estos oficiales lo incluyeron en una lista de traslados sin importar su estado de salud, situación familiar y el perjuicio psicológico a sus hijos, quienes ya habían logrado tener su casa propia y haber echado raíces en San Juan.

Para la familia Vargas este es un claro ejemplo de venganza o represalia por aquella defensa, no bien digerida por esos oficiales porque el suboficial no aceptó una sanción que era incorrecta.

Esta situación, en plena etapa de transición psicológica para la familia por la enfermedad Vargas, no pudo ser transitada con tranquilidad, teniendo en cuenta que ahora el uniformado tenía que armar las valijas y mudarse a otra provincia, cuando en la fuerza habría otros efectivos en mejores condiciones que él.

Dejar la casa nueva, la escuela, conseguir un nuevo colegio a esta altura del año, continuar con los controles médicos en otro lugar, con un médico que no realizó la cirugía y que no estuvo siguiendo el proceso de la enfermedad, es toda una complicación dijo devastada la esposa de Vargas. Cabe decir que el hombre, cumpliendo una vez más con sus deberes, viaja cada vez que tiene que cumplir su guardia en Mendoza.

La espera de una respuesta

El caso requirió de una presentación legal y se elevó un recurso de amparo que deberá resolver la Justicia Federal en San Juan, en la persona del doctor Leopoldo Rago Gallo.

Desde este fuero fue solicitada información para conocer los motivos del traslado de Vargas, ya que no se tuvo en cuenta la situación particular del sargento, y curiosamente desde la superioridad a cargo de Vargas, tampoco respondieron el pedido del magistrado, desconociendo los tiempos administrativos para cumplir con esa requisitoria.

Ahora, el juez tendrá en su criterio resolver la situación del efectivo y determinar si corresponde o no un traslado, teniendo en cuenta el presente del suboficial Diego Vargas.

En cuanto a su Legajo Personal (LP), Vargas tiene una carpeta sin un solo episodio que complique su situación, solo esos días de arresto por estar mal rasurado, lo que originó luego todo este conflicto entre las partes (superioridad y subalterno).

Mientras, Carolina y sus hijos esperan que el juez, como último recurso, contemple la situación particular de este caso y se tenga en cuenta que no por un capricho o una venganza infundada, alguien puede complicarle la vida a una familia.

La mujer se refirió a los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien aseguró que en esta gestión la intención del organismo es cuidar a las fuerzas federales y a sus hombres.

Después se preguntan porque los efectivos toman decisiones equivocadas atentando contra su persona, cuando están superados o desbordados psicológicamente…