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El Gobierno retiró autos oficiales y choferes a funcionarios de la Jefatura de Gabinete
La Jefatura de Gabinete confirmó que quedarán sin efecto las asignaciones de vehículos oficiales y choferes otorgadas a funcionarios y personal del área, en el marco de una política de austeridad y reordenamiento del gasto público.
POR REDACCIÓN
La Jefatura de Gabinete confirmó este martes que quedarán sin efecto las asignaciones de autos oficiales y choferes que habían sido otorgadas a funcionarios, agentes y personal dependiente de esa área del Poder Ejecutivo nacional. La medida se enmarca en una decisión orientada a optimizar el uso de los recursos del Estado y reducir gastos operativos.
Según se desprende de la resolución oficial, el objetivo central es avanzar en un reordenamiento de la flota vehicular y de los servicios de traslado. El texto remarca que la decisión responde a “los principios de optimización de recursos y razonabilidad del gasto”, en un contexto de austeridad presupuestaria, sin afectar la eficacia de las funciones estatales.
Tras el anuncio, la Jefatura de Gabinete instruyó a cada área a que instrumente las gestiones necesarias para la restitución efectiva de los vehículos que se encontraban asignados. Para ello, cada Secretaría deberá remitir un informe detallado con el listado de autos oficiales y choferes que dependen de su estructura administrativa.
La resolución también contempla la posibilidad de excepciones. En caso de que un funcionario considere necesaria la asignación de un vehículo oficial o de un chofer, deberá solicitarlo mediante una comunicación oficial debidamente fundamentada. La eventual autorización quedará supeditada a una constancia expresa y detallada de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, a cargo de Federico Sicilia.
Desde el organismo aclararon que la medida no implica la eliminación total del uso de vehículos oficiales. Los autos y el personal de traslado seguirán siendo asignados exclusivamente para tareas que resulten indispensables para el cumplimiento de las funciones específicas de la Jefatura de Gabinete, siempre bajo criterios de necesidad, control y supervisión administrativa.
La decisión se suma a otras acciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia de control del gasto y reorganización de recursos, con el objetivo de limitar privilegios y reforzar un esquema de administración más austero dentro del Estado.