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Hacia un Estado más ágil: envían el proyecto de Desregulación del Gobierno
El Gobierno propone derogar 70 leyes que limitan derechos fundamentales y crean burocracia innecesaria, en un esfuerzo por simplificar el marco legal del país.
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha presentado al Congreso la "Ley Hojarasca", un ambicioso proyecto que busca eliminar un total de 70 leyes que han sido consideradas como obstáculos a la libertad individual y al derecho de propiedad. Según Federico Sturzenegger, titular de la cartera, esta medida tiene como objetivo reducir la burocracia y modernizar la legislación argentina, muchas veces marcada por normativas obsoletas y trámites innecesarios.
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La iniciativa se basa en un análisis exhaustivo de las leyes vigentes, identificando normativas que han quedado desactualizadas o que imponen requisitos que ya no tienen sentido en el contexto actual. Entre las leyes a derogar se encuentran algunas que datan de gobiernos militares y otros períodos históricos que han sido criticados por su impacto en las libertades civiles.
Sturzenegger citó el adagio “cuanto más leyes menos justicia”, argumentando que un marco legal más simple podría fomentar una sociedad más justa y libre. El proyecto también señala la creación de organismos financiados por el Estado que deberían ser autosostenibles, un paso que se considera esencial para reducir el gasto público y promover una gestión más eficiente.
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En un contexto donde la desregulación se convierte en un tema central, el Gobierno también ha comenzado a implementar cambios en el sector del transporte, con la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, permitiendo a las empresas operar de manera más flexible y accesible.
La "Ley Hojarasca" ha despertado el interés de diversos sectores políticos y sociales, que ven en ella una oportunidad para reestructurar el sistema legal argentino y promover un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo personal. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre las posibles consecuencias de esta desregulación, que algunos temen podría llevar a una saturación del mercado y a un deterioro en la calidad de los servicios.
El futuro de esta ley dependerá del debate en el Congreso, donde se espera una discusión intensa sobre el balance entre la libertad individual y la protección del interés público.