Naturgy, bajo presión: le dieron 180 días para limpiar y cerrar su predio en Chimbas

Un reciente y categórico informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de San Juan expuso con claridad una problemática ambiental que afecta a uno de los sectores industriales importantes del Gran San Juan. El informe publicado oficialmente el 7 de agosto de 2025, confirma graves irregularidades en el predio perteneciente a la empresa Naturgy San Juan S.A., ubicado en el corazón del departamento Chimbas.

"El terreno, de casi siete hectáreas, situado entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna, funciona como depósito irregular de materiales eléctricos, residuos peligrosos y escombros", dice el documento. Según el relevamiento realizado por la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Chimbas, la empresa no posee habilitación comercial ni industrial, lo que implica una infracción grave a la normativa ambiental vigente.

El informe oficial que cambia todo

Vale recordar que la intervención de la Defensoría del Pueblo fue motivada en una audiencia que se desarrolló en mayo de este año, en la que empresarios del Parque Industrial (Enav S.A., Mas Puchol, La Platense S.A., Alves de Almeida S.A., Agrícola Proinco S.A., Catorini, Zoberano S.A. y Campamento S.A.), denunciaron el estado del predio. Y a partir de allí, el organismo inició un seguimiento y solicitó informes técnicos a la Secretaría de Ambiente y al Municipio. El resultado fue un documento detallado que expone una lista concreta de incumplimientos, tal como ya lo había adelantado en DIARIO HUARPE el 18 de junio Héctor Bustamante, subsecretario de Desarrollo Sustentable. 

El informe de la Defensoría del Pueblo indica que el acta Nro.1076, firmada por personal técnico de la Secretaría, reveló:

• Más de 1.200 metros cúbicos de escombros (columnas, hormigón, madera y restos de obras) apilados sin ningún tipo de control.
• 230 transformadores en desuso, algunos contaminados con residuos peligrosos como aceites minerales no aptos para uso (Y8) y mezclas de hidrocarburos (Y9).
• Ausencia total de cartelización y sistemas de contención, en incumplimiento de las normas de seguridad ambiental.
• Falta de inscripción como Generador de Residuos Peligrosos según la Ley 522-L y su decreto reglamentario.
• No figurar como Gran Generador de Residuos Sólidos Urbanos, tal como lo establece la Ley 1114-L.

Para la Defensoría, estos datos configuran un escenario de alto riesgo ambiental, que pone en peligro tanto la salud pública como el ecosistema urbano-industrial de la zona.

Exigencias inmediatas y plazos legales en marcha

A partir de estos datos contundentes, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Ambiente impusieron a Naturgy una serie de exigencias concretas que deben cumplirse en un plazo perentorio. Entre las principales disposiciones, se destacan:

• Presentación inmediata de un plan de saneamiento ambiental, que incluya el retiro progresivo de escombros, residuos peligrosos y transformadores contaminados.
• Inicio de oficio del trámite para inscribirse como Gran Generador de Residuos, conforme a la normativa provincial.
• Supervisión activa y permanente, a cargo de organismos ambientales, para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones legales.

Además, el Juzgado de Faltas 3° nominación, que tomó intervención por una denuncia presentada por el Municipio de Chimbas, emitió el pasado 23 de julio una resolución que otorga a Naturgy un plazo de 180 días corridos para cerrar completamente el predio, retirar todos los residuos peligrosos y dejar el lugar en condiciones aptas de seguridad y limpieza. El documento judicial establece que el incumplimiento de estos plazos derivará en sanciones más severas y posibles acciones judiciales adicionales.

Un seguimiento institucional que no se detiene

La Defensoría del Pueblo remarcó que mantendrá activo el monitoreo del caso, en coordinación con la Secretaría de Ambiente, el Municipio de Chimbas y la Justicia, y advirtió que no permitirá que la empresa eluda sus responsabilidades.

“Estamos frente a una situación de contaminación sostenida en el tiempo que debe ser resuelta con urgencia y en el marco de la ley”, señaló a DIARIO HUARPE Florencia Peñaloza, Defensora del Pueblo.

De la omisión al control: el rol del Estado

La intervención estatal en el caso de Naturgy marca un punto de inflexión tras años de abandono. Por primera vez, los diferentes organismos del Estado actúan con documentación oficial y respaldo técnico para exigir medidas concretas de saneamiento ambiental en este predio privado.

Las exigencias impuestas, junto a los plazos judiciales ya en curso, colocan a Naturgy ante una disyuntiva: cumplir con la legalidad ambiental vigente o enfrentar una escalada judicial con consecuencias económicas y reputacionales.

En resumen, en un contexto donde las políticas ambientales adquieren cada vez más relevancia, este caso representa otro precedente importante en la provincia, donde ninguna empresa debería operar por fuera del marco legal y sin asumir los impactos de su actividad sobre el entorno y la comunidad.