Monteoliva debutó como ministra y destacó la protección de infraestructura crítica

Este miércoles, Alejandra Monteoliva hizo su debut como ministra de Seguridad de la Nación durante la jornada "Desarrollo, Infraestructura y Seguridad", donde presentó los objetivos del Plan Estratégico para Sectores Productivos. Esta iniciativa gubernamental apunta a reforzar la protección de activos esenciales para la economía argentina, con el fin de frenar la expansión de mercados ilegales en sectores fundamentales.

La ministra cerró el evento organizado en la sede del Ministerio de Seguridad, que contó con la participación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y la presencia del exministro de Hacienda de México, José Antonio González Amaya, quien también fue director de Pemex y actualmente es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Monteoliva subrayó que "la infraestructura crítica sufre permanentemente amenazas" y la calificó como un tema de "seguridad nacional" que requiere un abordaje integral. Enfatizó la necesidad de desarticular organizaciones criminales que afectan a empresas privadas, la sociedad civil y el Estado, desviando actividades legales hacia el mercado ilegal por montos significativos.

El plan se focaliza en sectores considerados el "corazón productivo del país", tales como el agro, las vías navegables incluyendo la Hidrovía, y las áreas energéticas de petróleo, gas y minería, todas con gran potencial económico y desafíos crecientes en materia de seguridad.

Desde el Ministerio de Seguridad se trabaja en conjunto con el sector privado y organismos internacionales para proteger estas infraestructuras críticas y asegurar el desarrollo sostenido. En 2024 se creó la unidad de Seguridad Productiva, dedicada a prevenir amenazas y mitigar riesgos a partir del análisis de inteligencia y acciones judiciales.

La estrategia requiere una articulación público-privada, trabajo federal con las provincias y la incorporación de tecnología avanzada para enfrentar el crimen organizado, que afecta tanto bienes como personas. En particular, se desarrollan operaciones en la Hidrovía, un punto neurálgico vulnerable al crimen.

El Plan Paraná contempla acciones combinadas en agua, tierra y aire para combatir el mercado ilegal y proteger sectores esenciales para el crecimiento nacional. Aunque el programa demandará mayores inversiones, se evalúan posibles créditos con el BID para financiarlo, aunque aún se considera prematuro.

Esta colaboración público-privada fortalece iniciativas como Cosecha Segura y el Corredor Bioceánico, previsto para 2027, que plantean retos en seguridad y transporte, especialmente en regiones como la Patagonia. Monteoliva afirmó que el ministerio tiene "la responsabilidad de acompañar la protección de infraestructura crítica".

Desde la cartera nacional se explicó que el comercio ilegal de mercancías mueve a nivel mundial cientos de miles de millones de dólares. Por ejemplo, la minería ilegal supera los 48 mil millones de dólares, mientras que el robo de combustible representa cifras igualmente elevadas. La tarea estatal es prevenir que estas actividades ilícitas crezcan en paralelo al desarrollo económico.

El exministro mexicano José Antonio González Amaya valoró la iniciativa argentina y compartió su experiencia en Pemex enfrentando el robo de combustible, un mercado ilegal que mueve miles de millones en México. Destacó que "el enfoque público-privado es fundamental" para combatir este fenómeno y advirtió que "entre más grande el mercado, más grande el delito".

González Amaya explicó que el mercado mexicano de combustibles alcanza los 90 mil millones de dólares y que el mercado argentino es aproximadamente una cuarta parte de ese tamaño. Señaló que cualquier desviación hacia el mercado ilegal es significativa y que Argentina está en tiempo de implementar medidas preventivas.

El exfuncionario describió dos modalidades de robo de combustible: una organizada, con grupos armados que perforan ductos para extraer el producto y trasladarlo en grandes operaciones; y otra de corte social, donde las comunidades cercanas ingresan al ducto para aprovechar derrames, lo que representa un alto riesgo para la vida.

También mencionó el fenómeno denominado Huachicol Fiscal, que consiste en el contrabando a través de vías legales mediante la subdeclaración de volúmenes exportados. Para combatirlo, México implementó una estrategia interinstitucional que combina vigilancia, reducción de la demanda de combustible ilegal y seguimiento financiero.

Entre las acciones destacadas se encuentran la instalación de puestos de mando, el uso de concreto para impedir perforaciones en zonas críticas, el cierre de empresas y cuentas bancarias vinculadas a estaciones de servicio ilegales, y la promoción de pagos electrónicos para reducir el manejo de efectivo, que en México supera el 90% del consumo.

Finalmente, González Amaya reconoció la visión del Ministerio de Seguridad argentino por anticiparse a los problemas y apostar por la prevención, asegurando que "están a tiempo de hacerlo" para evitar que el mercado ilegal crezca al nivel mexicano.