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Por qué el voto es obligatorio en Argentina
La obligatoriedad del voto en Argentina no solo responde a una norma constitucional, sino a una historia marcada por la búsqueda de transparencia, igualdad y participación.
POR REDACCIÓN
En Argentina, votar no es solo un derecho: también es una obligación. Cada elección nacional, provincial o municipal convoca a millones de ciudadanos que, por mandato legal y por tradición democrática, deben participar del acto electoral. Pero detrás de esa norma hay una historia que explica por qué el país adoptó el voto obligatorio y cómo esa decisión marcó un punto de inflexión en su vida política.
El principio de la obligatoriedad está consagrado en el artículo 37 de la Constitución Nacional, que define el sufragio como “universal, igual, secreto y obligatorio”. La misma fórmula se repite en el Código Nacional Electoral y en leyes complementarias que regulan el padrón, la edad de los votantes y las sanciones para quienes no cumplan. Así, en Argentina están obligados a votar todos los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que los jóvenes de 16 y 17 y los mayores de 70 pueden hacerlo de manera optativa.
Sin embargo, el voto obligatorio no nació solo como un mandato jurídico. Su origen está ligado a un proceso histórico de ampliación democrática que comenzó a principios del siglo XX. Antes de 1912, el sistema electoral argentino era profundamente desigual: el voto no era secreto ni universal, y las elecciones estaban dominadas por el fraude, la coerción y el control de las élites políticas. El llamado “voto cantado”, que obligaba a expresar públicamente la preferencia del elector, dejaba poco espacio a la libertad de elección.
Frente a ese escenario, la sanción de la Ley Sáenz Peña, el 10 de febrero de 1912, cambió las reglas del juego. Impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, la norma estableció el sufragio universal (para varones mayores de 18 años), secreto y obligatorio, además de la confección de un padrón militar que garantizara transparencia. Su objetivo era claro: terminar con las prácticas fraudulentas y asegurar que la voluntad popular se expresara sin presiones.
La primera elección presidencial bajo este nuevo régimen se realizó en 1916 y marcó un hito: por primera vez, un presidente —Hipólito Yrigoyen— fue elegido por el voto libre de los ciudadanos. La participación, que antes era baja y manipulada, superó el 60 % del padrón. A partir de entonces, el voto obligatorio se consolidó como una herramienta de inclusión política y de legitimidad democrática.
Décadas más tarde, la ampliación del derecho al sufragio continuó. En 1947, la Ley 13.010 otorgó el voto a las mujeres, y en 2012 la Ley 26.774 extendió la participación a los jóvenes de 16 y 17 años. Pero en todos los casos se mantuvo el principio de obligatoriedad, entendido como una forma de asegurar que la voz de todos los sectores de la sociedad esté representada.
La razón de fondo sigue siendo la misma que en 1912: si votar fuera solo voluntario, las decisiones políticas podrían quedar en manos de una minoría movilizada, mientras amplios sectores se mantendrían al margen. La obligatoriedad busca, justamente, garantizar la participación masiva, sostener la legitimidad de los gobiernos y reforzar el compromiso ciudadano con el sistema democrático.
Hoy, más de un siglo después de la Ley Sáenz Peña, el voto obligatorio continúa siendo una de las bases de la democracia argentina.