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Prisión preventiva firme para el penitenciario acusado por estafa: también compromete a su familia y pareja
Alejandro “Tati” Jofré seguirá detenido por cuatro meses más. Está imputado por 44 maniobras fraudulentas que habrían generado un perjuicio superior a los $206 millones.
POR REDACCIÓN
El juez de Impugnación Daniel Guillén confirmó la prisión preventiva de Alejandro “Tati” Jofré, el penitenciario acusado de liderar una estafa que habría superado los $206.000.000 y que afectó a decenas de personas, principalmente sus excompañeros de servicio. Con esta resolución, el guardiacárcel permanecerá detenido al menos cuatro meses más, mientras avanza la investigación.
Jofré está preso desde el 5 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía en una vivienda de Angaco. Tres días después, el juez Matías Parrón dictó la prisión preventiva que ahora fue ratificada. La defensa había intentado revertir la medida, pero el juez de Impugnación desestimó los planteos y avaló la continuidad de la detención, al considerar que persisten los riesgos procesales.
Según la fiscalía,Jofré es señalado como el ideólogo de un esquema de falsas inversiones. La acusación sostiene que convencía a sus compañeros penitenciarios y allegados de entregarle importantes sumas de dinero, con la promesa de obtener ganancias rápidas y extraordinarias. Sin embargo, las supuestas operaciones nunca existieron y el dinero habría sido desviado para beneficio personal.
La causa tomó impulso cuando comenzaron a acumularse denuncias de penitenciarios que aseguraban haber sido engañados. Hasta el momento se contabilizan 44 maniobras fraudulentas, con un perjuicio estimado en más de 206 millones de pesos, aunque no se descarta que puedan aparecer más víctimas.
El avance de la investigación también alcanzó al entorno familiar del acusado. La fiscalía imputó como partícipes necesarios a su padre, Américo Jofré; a su hermana, Carla Luciana Jofré; y a su pareja, Gabriela del Rocío González. Todos habrían aportado cuentas y movimientos bancarios utilizados para dar una apariencia de legalidad a las operaciones y facilitar la circulación del dinero.
Con la prisión preventiva confirmada y una investigación que continúa sumando elementos, el caso sigue generando repercusión en el ámbito penitenciario y judicial, mientras las víctimas esperan una reparación por el millonario perjuicio sufrido.