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Caucete: la Justicia ordenó devolver sus bancas a Castro y Fernández
La decisión fue del magistrado Walter Otiñano y es una medida cautelar hasta tanto se determine el fondo de la cuestión.
Por Marcos Ponce
La Justicia de San Juan dio un giro determinante en el conflicto institucional que atraviesa el Concejo Deliberante de Caucete. El juez Walter Otiñano resolvió la restitución inmediata de los concejales opositores Emanuel Castro y Ramiro Fernández, quienes habían sido suspendidos por una votación impulsada por el oficialismo semanas atrás. El magistrado consideró que el proceso disciplinario iniciado por la Presidencia del Concejo careció de sustento legal, fue improcedente y configuró un accionar arbitrario que vulneró derechos políticos y funcionales de los ediles.
El fallo revoca por completo la suspensión y ordena que ambos concejales vuelvan a ocupar sus bancas de manera urgente. Según se desprende de la resolución, la Justicia entendió que la medida adoptada por el cuerpo legislativo municipal no cumplió con los estándares mínimos de debido proceso, ya que no se verificaron causales suficientes ni un procedimiento reglado que justificara semejante sanción.
Otiñano precisó en su resolución que hubo un cambio de criterio respecto de decisiones anteriores del mismo expediente. Este viraje se produjo a partir de nuevas pruebas y argumentos incorporados por la defensa de los concejales en el marco del recurso interpuesto, elementos que —según evaluó el magistrado— modificaron el análisis judicial inicial y configuraron un escenario que ameritaba una medida de resguardo.
La restitución funciona como una medida precautoria, o cautelar, cuyo objetivo es asegurar que Castro y Fernández puedan ejercer plenamente sus funciones hasta que se dicte sentencia definitiva sobre el fondo del litigio. El juez sostuvo que impedirles continuar en sus cargos generaría un daño institucional irreparable y afectaría la representación política del electorado caucetero.
El conflicto se originó luego de que el oficialismo aprobara una moción para suspender a ambos concejales, fundamentada en una denuncia penal presentada por Cristina García, secretaria del bloque Cambia San Juan. La mujer declaró ante la Justicia que desde diciembre de 2023 entregaba el 50% de su salario a través de transferencias y operaciones digitales, supuestamente exigidas por los ediles para permitirle mantener su puesto de trabajo. También aseguró que uno de ellos ejerció presiones en su domicilio y que una carta presentada en abril ante el Concejo fue firmada bajo coerción.
La investigación penal se encuentra en manos de la UFI Delitos Especiales, donde aún se analizan pruebas, testimonios y documentación aportada por García y por las defensas de los concejales. Fuentes judiciales confirmaron que la causa continúa en pleno desarrollo y que aún no hay definiciones sobre eventuales imputaciones.
Mientras tanto, y hasta que la Justicia penal resuelva si existió o no un hecho ilícito, Castro y Fernández seguirán ocupando sus bancas y participando de la actividad legislativa en el Deliberante de Caucete. La decisión judicial no solo reinstala a los ediles, sino que también marca un límite al uso discrecional de las mayorías internas en cuerpos colegiados y reabre el debate sobre los mecanismos disciplinarios dentro de las instituciones municipales.