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Fentanilo: La Justicia investiga a autoridades de ANMAT e INAME por no controla laboratorios
La justicia federal, a cargo del juez Ernesto Kreplak, intensifica la investigación sobre funcionarios de la ANMAT y el INAME por más de cien fallas regulatorias y omisiones en controles detectadas en los laboratorios de Ariel García Furfaro.
POR REDACCIÓN
El juez federal Ernesto Kreplak avanza en una profunda investigación sobre funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos dependientes del Ministerio de Salud, por una serie de fallas de control y omisiones regulatorias que el magistrado considera penalmente relevantes. Esta pesquisa se vincula directamente con la elaboración del Lote 31202 de fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias, asociado a la muerte de 96 pacientes, producido el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo, elaborador exclusivo de HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro. Un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre "la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo", remarcando que "las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad, son aún desconocidas".
La investigación judicial se sustenta en la detección de más de cien irregularidades y desvíos críticos en las plantas de elaboración de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, registrados entre junio de 2018 y enero de 2025. Estas deficiencias incluyeron contaminación microbiana, presencia de partículas, defectos en el rotulado, uso de envases plásticos no autorizados y problemas en la mezcla de productos. Los fiscales de la PIA sostuvieron que "los incumplimientos reseñados (...) así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible" y "lesionaron la confianza legítima de los usuarios del sistema sanitario". Añadieron que "la suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal".
En el marco de la causa, el juez Kreplak ordenó siete allanamientos, incluyendo los domicilios de la titular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y de la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. También se requisaron las oficinas de otras autoridades de control sobre las empresas elaboradoras de medicamentos, como Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME; Mariela Baldut, directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME; y Maximiliano Carlos Lalin, jefe de departamento de inspectorado del INAME. Los peritos lograron abrir varios teléfonos celulares secuestrados en estos allanamientos, entre ellos el de Bisio.
Un punto clave de la investigación busca acreditar si Nélida Bisio se reunió con Ariel García Furfaro en enero, como declaró el empresario. García Furfaro afirmó haber hablado con Bisio el 4 o 14 de enero, antes de que el laboratorio fuera inhibido para producir medicamentos el 5 de febrero de 2025. Esta posible reunión se habría dado mientras la autoridad regulatoria debía resolver sobre 27 desvíos y otros hallazgos en Laboratorios Ramallo, y aproximadamente un mes después de la elaboración de la partida contaminada el 18 de diciembre de 2024.
El dictamen de la PIA documenta advertencias formales y procesos administrativos previos, con los laboratorios Ramallo y HLB Pharma auditados múltiples veces por denuncias ante la ANMAT y reportes de "desvíos de calidad" de medicamentos desde hospitales.
La gravedad de la situación llevó a la PIA a considerar indispensable avanzar en el análisis de "conductas penalmente reprochables" por parte de funcionarios que, ya con conocimiento de las irregularidades, permitieron la prolongación de riesgos para los usuarios del sistema de salud y el mercado de medicamentos. La investigación ahora no solo se enfoca en los responsables de la elaboración y venta del fentanilo adulterado, sino también en la eventual responsabilidad penal y administrativa en la cadena de controles, al comprobarse la circulación irregular y la ausencia de recupero de medicamentos que presentaban riesgos para la salud pública. Actualmente, el empresario García Furfaro y otras 16 personas están imputadas en el expediente, con siete de ellas detenidas.