Política > Cambios después de 20 años
El Gobierno presentó un proyecto de Ley de Libertad Educativa para reemplazar la Ley Nacional de Educación
El proyecto de Ley de Libertad Educativa, que busca reemplazar la normativa vigente desde 2006, habilita la educación en el hogar, otorga mayor autonomía a las escuelas para crear sus planes de estudio y elimina el piso del 6% del PBI para financiamiento.
El Poder Ejecutivo ha elevado al Consejo de Mayo un borrador de la denominada Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone derogar la actual Ley de Educación Nacional, vigente desde el año 2006. El proyecto, que se encuentra en etapa de discusión, plantea una reestructuración integral del sistema educativo para los niveles inicial, primario y secundario, con un enfoque centrado en la autonomía y la libertad de elección.
La iniciativa legal establece como principio rector el rol primario de la familia en la educación de los hijos, asignando al Estado un papel subsidiario. En su articulado, el texto introduce varias modalidades alternativas de enseñanza, entre las que se destaca la educación en el hogar o "home schooling". Bajo esta figura, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes mediante la rendición de exámenes periódicos, sin que se establezca una edad mínima para esta opción pedagógica.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la ampliación de la autonomía institucional. Las escuelas tendrán la facultad de diseñar planes de estudio propios, en el marco de unos contenidos mínimos comunes que no podrán superar el 75% del tiempo curricular. Asimismo, se autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en establecimientos públicos de gestión estatal, de carácter optativo y fuera del horario escolar.
En materia de financiamiento, el proyecto elimina la meta de inversión del 6% del Producto Bruto Interno, consagrada en la legislación vigente. El texto establece que el financiamiento público podrá dirigirse tanto a instituciones estatales como privadas, e introduce la posibilidad de asignar recursos directamente a las familias mediante becas, vales educativos u otros instrumentos equivalentes.
El borrador mantiene las evaluaciones nacionales estandarizadas, pero incrementa su frecuencia a anual y censal para el último año de primaria y secundaria. Una modificación significativa permite la difusión de resultados desagregados por escuela, lo que actualmente se encuentra prohibido por la ley 26.206.
En lo referente a la carrera docente, el proyecto establece que la estabilidad laboral estará vinculada al desempeño satisfactorio y prevé evaluaciones periódicas cada cuatro años. Además, otorga a los directivos mayores facultades en la selección y propuesta de contratación del personal.
La iniciativa, que consta de 136 artículos, representa el intento más comprehensivo de reforma educativa de la última década y se prevé que genere un amplio debate en el ámbito legislativo y en la sociedad civil.