País > Otro fallo laboral
La Justicia obligó al Gobierno de Milei retomar la paritaria nacional docente
Un nuevo fallo obligó al Ejecutivo a convocar la paritaria nacional docente, suspendida desde diciembre de 2023 tras la eliminación del Fonid. El Gobierno tiene 48 horas para iniciar las negociaciones.
POR REDACCIÓN
Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que el Gobierno de Javier Milei debe convocar la reapertura de la paritaria nacional docente, una reivindicación histórica tras la quita del Fonid en diciembre de 2023. La Justicia advirtió que la garantía de negociación colectiva es un derecho protegido constitucionalmente y dictó una orden ejecutiva con plazo máximo de 48 horas para iniciar las deliberaciones.
El origen del fallo se encuentra en una demanda presentada por sindicatos docentes, quienes reclamaban que con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) se configuró una vulneración a la negociación colectiva. La Cámara resolvió que el Estado no puede eludir esa obligación, respaldando de forma categórica el reclamo gremial.
El Gobierno, que en diciembre de 2023 decretó la supresión del Fonid estableciendo una figura unilateral como servicio esencial, deberá ahora convocar la mesa nacional docente. El decreto vigente (DNU 70/2023) fue ya declarado en parte inconstitucional por la Cámara laboral, que ordenó restablecer el mecanismo de diálogo salarial.
Desde el Ejecutivo nacional aún no se conoció una respuesta oficial, pero el impacto de esta decisión judicial puede repercutir directamente en el cronograma educativo del segundo semestre. Tras la eliminación del Fonid, las principales provincias vieron un aumento de las tensiones salariales y paros docentes, con caída sostenida del poder adquisitivo por debajo de la inflación acumulada de 2024.
La medida del tribunal agrega un nuevo capítulo en la pulseada entre el Gobierno y los gremios. A mediados de 2024, la eliminación del Fonid y del Fondo Compensador al Transporte interno ya había generado conflictos con gobernadores e intendentes, obligando al Ejecutivo a reestructurar en parte los fondos destinados a las provincias.