Perpetuas "reales" y penas más duras: lo que se trabaja en el nuevo Código Penal

El Gobierno nacional presentó este lunes un proyecto de reforma integral del Código Penal que propone una transformación profunda del sistema de justicia argentino. La iniciativa, que será enviada al Congreso para su debate, introduce cambios sustanciales en más de un centenar de artículos, con el objetivo declarado de "terminar con la puerta giratoria" y fortalecer la seguridad jurídica.

Los pilares fundamentales del cambio

Durante la presentación, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfatizaron que el proyecto busca que "el que la hace, las paga". Uno de los aspectos más destacados es que el 82% de los delitos tendrán pena efectiva de prisión, eliminando en gran medida la excarcelación para penas menores a tres años.

"En la actualidad, cuando la pena no supera los 3 años, el delincuente no cumple con la condena. Con este nuevo código se elevan los mínimos de las penas evitando que los delincuentes sean liberados", explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado oficial.

Imprescriptibilidad y penas perpetuas reales

Entre las modificaciones más significativas se encuentra la imprescriptibilidad para delitos graves. No solo se mantiene para crímenes de lesa humanidad, sino que se extiende a:

• Homicidio simple y agravado

• Abuso sexual infantil y grooming

• Corrupción de menores

• Trata de personas

• Narcotráfico

• Terrorismo y su financiamiento

Además, las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal, siendo efectivamente "para toda la vida" en casos de homicidio agravado.

Endurecimiento penas y nuevas figuras delictivas

El proyecto actualiza el régimen punitivo vigente desde 1921, aumentando las penas máximas para delitos comunes. Por ejemplo:

• Homicidio simple: aumenta de 25 a 30 años de prisión

• Narcotráfico: se amplían y endurecen las herramientas contra redes criminales

• Corrupción pública: "penas graves, gravísimas" para funcionarios

• Accidentes viales: mayores sanciones por conducción imprudente o bajo efectos de alcohol/drogas

Se introducen nuevas figuras como el "ecocidio" para daños ambientales irreversibles y se tipifican específicamente delitos como:

• Cibercrimen (fraude informático, grooming digital, "pornovenganza")

• Motochorros con agravantes específicos

• Violencia en espectáculos masivos

• Tráfico de bienes culturales

Protección reforzada a víctimas vulnerables

El texto establece agravantes cuando las víctimas sean menores, adultos mayores o personas con discapacidad. También actualiza los delitos contra la familia y la violencia de género, incorporando formas digitales de acoso y protegiendo expresamente los derechos establecidos en la Ley 26.485.

Cabe destacar que el proyecto reafirma la vigencia de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en su totalidad, garantizando el acceso a este derecho.

Combate a la criminalidad organizada y económica

La reforma fortalece la lucha contra:

• Crimen organizado transnacional (trata, tráfico de armas, migraciones)

• Lavado de activos con mejores herramientas de decomiso

• Delitos económicos que afecten la estabilidad fiscal y monetaria

• Corrupción pública y privada con mayor severidad

Protección del sistema democrático

Uno de los capítulos innovadores está destinado a proteger el orden electoral, agrupando más de treinta figuras penales que sancionan desde la coacción tradicional hasta nuevas formas de manipulación digital, como:

• Creación de contenidos falsos para influir en el voto

• Uso de algoritmos para desinformación electoral

• Segmentación engañosa en redes sociales

Un cambio de paradigma

La entonces ministra Bullrich señaló que con esta reforma se deja "atrás la doctrina Zaffaroni" para que la sociedad deje de encontrarse "a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos". El juez que lideró la elaboración del proyecto, por su parte, aseguró: "Queremos que lo que dice una sentencia se aplique".

El proyecto ahora inicia su camino legislativo, donde se espera un debate intenso en ambas cámaras del Congreso, marcando posiblemente un punto de inflexión en la historia del derecho penal argentino.