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Piden al Gobierno provincial anular acuerdo con Mekorot por críticas a su accionar
Activistas y organizaciones presentarán una nota formal al gobernador Marcelo Orrego pidiendo el fin del convenio con Mekorot la compañía israelí, acusada de "apartheid del agua" en Palestina. La acción se enmarca en una campaña federal simultánea en 8 provincias argentinas.
Tal como lo adelantó DIARIO HUARPE este martes 10 de junio, en el marco de una acción coordinada a nivel nacional, este jueves 12 de junio la Asamblea Agüita Pura para San Juan, organizaciones no gubernamentales adherentes y parte de la comunidad sanjuanina, presentarán en Casa de Gobierno una nota para exigir al gobierno provincial la inmediata finalización de los contratos con Mekorot. Esta empresa, la compañía estatal de aguas de Israel, es cuestionada en el mundo por el manejo político del agua.
La presentación forma parte de una campaña federal que se desarrollará de manera simultánea en 8 provincias de Argentina: Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut. Todas estas provincias firmaron acuerdos con Mekorot para recibir asesoramiento.
En este marco, DIARIO HUARPE tuvo acceso a la nota formal que recibirá el gobernador Marcelo Orrego. El documento exige la "inmediata rescisión" del acuerdo firmado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Mekorot Israel National Water Co.
Los motivos del reclamo: contratación y derechos
Según el documento, existen varios motivos para el reclamo. En primer lugar, se señala que la contratación de Mekorot se realizó "sin proceso de licitación pública ni convocatoria abierta", lo cual consideran "contrario a los principios de transparencia, divulgación, igualdad y control establecidos en la normativa nacional sobre contrataciones del Estado".
La nota agrava esta situación al destacar la "ausencia de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones". Esto, según los firmantes, viola "de manera directa el Acuerdo de Escazú (Ley N.º 27.566), en sus artículos 6 y 7, y el Convenio 169 de la OIT (Ley N.º 24.071)". Este último consagra el derecho de los pueblos originarios y comunidades locales a ser consultados "de manera previa, libre e informada ante cualquier medida susceptible de afectar sus territorios o recursos naturales".
Además, la nota argumenta que existen en Argentina "numerosos profesionales, organismos y entidades académicas en los distintos niveles del Estado capacitados para poder realizar las mismas tareas para las cuales se contrató a Mekorot".
Consideran "estratégico" que estas tareas se realicen a través de "instituciones públicas, desde un enfoque que garantice el interés colectivo, la preservación de los ecosistemas, el acceso a la información, la participación de las comunidades involucradas y el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios". Contratar a Mekorot sin licitación para un asesoramiento que podrían cumplir organismos locales o nacionales de "comprobada idoneidad" es un punto clave del reclamo.
Mekorot en Palestina: acusaciones de "Apartheid del Agua"
El segundo y principal argumento de la nota que se presentará al gobernador se centra en la actuación de Mekorot en los territorios palestinos.
Se destaca que la empresa "lleva adelante desde hace años la gestión del agua en Palestina, como parte de las políticas de limpieza étnica, colonialismo de asentamiento, ocupación militar y genocidio perpetrados por Israel en territorio palestino, violando impunemente normas internacionales y de derechos humanos". Esta situación ha sido denunciada por "organizaciones de DD.HH a nivel internacional y por diversos organismos de las Naciones Unidas".
Según la nota, desde su creación en 1937, Mekorot "se apropió de las principales fuentes de agua palestina, restringiendo el acceso a su población, monopolizando su distribución y comercialización en beneficio de las colonias ilegales y la ocupación". Esto se define como "apartheid del agua".
Se afirma que en Cisjordania, Mekorot "favorece deliberadamente el desarrollo y crecimiento de asentamientos ilegales garantizándoles el suministro permanente de agua, creando infraestructura para ello". Al mismo tiempo, presuntamente "prohíbe a la población originaria palestina construir nuevas instalaciones hídricas, reparar o mantener las existentes, profundizar los pozos y construir cisternas para acopio de agua de lluvia sin el consentimiento del ejército israelí". Trámites que, según la nota, "lo tornan prácticamente imposible".
La grave consecuencia es que "en muchas aldeas, la población palestina se ve obligada a comprar con sobreprecio el agua que Mekorot les roba de sus propios acuíferos".
Para ilustrar la desigualdad, la nota compara el consumo de agua. Según un informe de la Autoridad Palestina de Salud, mientras la OMS recomienda 100 litros de agua por persona por día para consumo humano, en Cisjordania "apenas reciben 75 lts/p/d". En Gaza, el promedio actual "no llega a 5 lts/p/d", mientras que las colonias ilegales israelíes "promedian 300 lts/p/d y más".
Contexto actual en Gaza y Cisjordania
La nota también vincula la contratación de Mekorot con la situación actual en los territorios palestinos. Se menciona la orden de arresto vigente desde noviembre de 2024 emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, imputándolo penalmente como responsable de "crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos" en la Franja de Gaza a partir del 8 de octubre de 2023.
El documento detalla el saldo humanitario en Gaza desde octubre de 2023, mencionando "más de 54.000 mártires, incluyendo al menos 15.600 niños"; "más de 124 mil heridos"; "más de 632 mil desplazados" y "la totalidad de la población con altos niveles de inseguridad alimentaria aguda con riesgos de hambruna". También se reportan ataques contra "más de 450 trabajadores humanitarios y más de 220 periodistas asesinados". Se afirma que "el 81% del territorio está categorizado actualmente como zona militar israelí o está bajo órdenes de desplazamiento". En Cisjordania, incluyendo Jerusalén ocupada, se registran "más de 980 mártires, entre ellos casi 200 niños"; "más de 8.500 heridos"; "más de 47 mil desplazados y más de 10.100 prisioneros".
Se subraya que los "bombardeos deliberados" han destruido no solo infraestructura civil, sino también "prácticamente toda la infraestructura de agua y saneamiento gazatí". Y se acusa directamente a Mekorot de haber "interrumpido la provisión de agua a Gaza, violando el derecho internacional humanitario", pocos días después del 7 de octubre de 2023, restituyendo luego el servicio "solo parcialmente, en cantidades ínfimas".
La nota sostiene que "el bloqueo completo de ayuda humanitaria, combustible, medicamentos y otros bienes esenciales desde inicios de marzo de 2025, junto a la prohibición de tareas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio - UNRWA y otras organizaciones humanitarias, revelan la decisión de Israel de utilizar el hambre, la sed y el agua como armas de guerra, perpetrando un crimen humanitario deliberado con el objetivo expreso de limpieza étnica y ocupación del territorio".
Implicaciones y exigencias
El documento considera que "mantener un acuerdo con la empresa Mekorot implica avalar y ser cómplices de todo este accionar que ya no puede ser ocultado ni aceptado tras una supuesta ‘autodefensa’ por parte del gobierno sionista, colonialista y ultranacionalista de Israel". Un gobierno que, según la nota, "ha admitido públicamente sus objetivos de ‘limpiar’ de palestinos la Franja de Gaza y anexarla de manera ilegal a los territorios ocupados".
La nota enfatiza que no solo "no corresponde mantener relaciones con estados genocidas", sino que la actual "crisis climática y la emergencia hídrica nos exige más que nunca conservar la soberanía sobre nuestros bienes comunes y vitales, como es el agua". Entregar "información clave sobre este bien esencial a una empresa denunciada de apartheid y robo del agua del pueblo palestino" es inaceptable para los firmantes.
Por todo esto, la nota "exige la inmediata finalización del convenio establecido entre la provincia, el Consejo Federal de Inversiones y Mekorot". El objetivo claro: "no queremos financiar el exterminio de todo un pueblo".
Finalmente, se solicita "la suspensión de toda otra relación con el Estado de Israel", instando al Gobierno Nacional y al resto de las jurisdicciones a obrar "en igual sentido".
La presentación de esta nota marca un nuevo capítulo en la presión de organizaciones de la sociedad civil argentina contra los acuerdos con Mekorot, en línea con reclamos internacionales por la actuación de la empresa en los territorios palestinos.