Sin 6% del PBI: la reforma educativa elimina el piso histórico de inversión y transfiere responsabilidad a provincias

El capítulo financiero del proyecto de "Ley de Libertad Educativa" representa uno de los cambios más profundos en la arquitectura del sistema educativo argentino, derogando principios establecidos hace casi dos décadas. La iniciativa, presentada este martes por el Gobierno nacional, implementa una nueva lógica de asignación de recursos que prioriza el financiamiento por demanda y los resultados medibles sobre los pisos de inversión históricos.

Eliminación del 6% del PBI y transferencia a las provincias

La iniciativa elimina la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para inversión educativa –una bandera histórica del sector desde la Ley de Financiamiento Educativo de 2005–. En su lugar, establece que la financiación de la educación básica "es un deber de las jurisdicciones", reduciendo el rol del Estado nacional a la coordinación de políticas específicas y la financiación de "las acciones propias de la política educativa nacional".

Este cambio radical en la responsabilidad fiscal deroga explícitamente el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional vigente y transfiere a las provincias la carga principal del sostenimiento del sistema escolar, sin definir mecanismos compensatorios claros para las jurisdicciones con menores recursos propios.

Financiamiento por demanda: vales y becas directas

El proyecto institucionaliza los "dispositivos de financiamiento por la demanda", que pueden incluir vales educativos, bonos, becas, créditos fiscales o subsidios directos a familias o alumnos en todos los niveles. Este modelo, conocido internacionalmente como voucher system, representa un giro conceptual: en lugar de asignar recursos directamente a las escuelas, el dinero seguiría al estudiante, quien podría "canjearlo" en la institución de su elección.

La implementación de este sistema buscaría, según la fundamentación oficial, promover la competencia entre instituciones y empoderar a las familias en su elección escolar. Sin embargo, expertos advierten sobre riesgos de segmentación socioeconómica, donde las escuelas más demandadas podrían seleccionar estudiantes, dejando a los más vulnerables concentrados en establecimientos con menos recursos.

Transparencia y evaluación del gasto educativo

Cada jurisdicción deberá promover "la evaluación periódica e independiente del gasto educativo" para asegurar que "la inversión genere una mejora efectiva en los resultados de aprendizaje". Se crea un sistema federal de monitoreo dentro del Consejo Federal de Educación que deberá hacer públicos los criterios de asignación y los resultados de las auditorías.

Los recursos se distribuirán considerando factores como la cantidad de alumnos, el nivel socioeconómico de los estudiantes, la presencia de alumnos con discapacidades y los contextos de vulnerabilidad. Para las escuelas de gestión privada, las provincias deberán mantener sistemas de aportes económicos, aunque se elimina la mención específica sobre igualdad de inversión por alumno entre sectores que figuraba en el borrador original.

Revolución en el financiamiento universitario: la fórmula del 75-20-5

El Título X del proyecto, que modifica la Ley de Educación Superior, introduce un modelo de financiamiento por desempeño que transforma radicalmente cómo se asignan fondos a las universidades públicas nacionales. La nueva fórmula se estructura en tres componentes principales:

El 75% de los fondos se asignará según la cantidad de estudiantes de cada institución, ajustado por la "carga típica de estudio" –entendida como el progreso anual esperable– y con ponderaciones que reconocen diferencias de costos entre carreras, su valor estratégico y las áreas con déficit de profesionales. Como condición excluyente, solo se considerarán alumnos regulares aquellos que aprueben mínimo dos materias por año.

El 20% dependerá del desempeño institucional, distribuyéndose según la cantidad de egresados, la calidad e impacto de la investigación, el alcance de las actividades de extensión y la trayectoria académica de los docentes, incluyendo sus dedicaciones y antigüedad.

El 5% restante se asignará mediante contratos-programa con metas verificables definidas por la Secretaría de Educación, destinados a impulsar mejoras institucionales específicas.

Auditoría y control reforzados sobre las universidades

El proyecto establece que el control administrativo externo de las universidades estatales será de "competencia concurrente" de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano. Esta superposición de controles representa un fortalecimiento sin precedentes de la supervisión estatal sobre la autonomía universitaria.

Además, todas las instituciones universitarias estatales deberán generar "mecanismos de auditoría interna" que garanticen transparencia en el uso de recursos. Estas disposiciones se implementarían en paralelo con la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en octubre de 2025, generando un escenario normativo complejo para las casas de estudio.

Críticas y defensas del nuevo modelo

El informe del Consejo de Mayo argumenta que el cambio busca "transparencia" y "eficiencia" en el uso de recursos: "Se establece que cada jurisdicción promoverá la evaluación periódica e independiente del gasto educativo para asegurar que la inversión genere una mejora efectiva en los resultados de aprendizaje".

Sin embargo, se anticipan fuertes críticas desde múltiples sectores. Los sindicatos y gremios docentes ya han manifestado su rechazo a la eliminación de pisos de inversión, advirtiendo sobre riesgos de desfinanciamiento progresivo. La comunidad universitaria cuestiona el condicionamiento de fondos a productividad académica, argumentando que podría perjudicar a las ciencias básicas y humanidades frente a disciplinas más "rentables". Las provincias, por su parte, expresan preocupación por asumir mayor responsabilidad financiera sin claridad sobre los recursos que recibirán desde Nación.

Experiencias internacionales y lecciones aprendidas

El modelo de financiamiento por desempeño para universidades tiene antecedentes en países como Chile, Colombia y varios estados de Estados Unidos, con resultados mixtos según evaluaciones independientes. Los estudios internacionales señalan que estos sistemas pueden incentivar la mejora de indicadores cuantitativos, pero también generar comportamientos estratégicos como el abandono de carreras complejas o la inflación de calificaciones.

Los vales educativos, implementados en Chile desde 1980 y en países como Suecia y algunos estados estadounidenses, han demostrado capacidad para aumentar la competencia entre escuelas, pero también han sido asociados con mayor segregación socioeconómica en varios contextos. La evidencia sugiere que su efectividad depende críticamente de diseños institucionales sofisticados que prevengan la selección de estudiantes por parte de las escuelas.

El proyecto inicia su camino legislativo en medio de un escenario fiscal restrictivo y con el sistema educativo aún recuperándose de subejecuciones presupuestarias históricas. Entre la búsqueda de eficiencia y el riesgo de desfinanciamiento, entre la rendición de cuentas y la posible mercantilización, se debate no solo cómo se pagan escuelas y universidades, sino qué concepción de educación pública tendrá la Argentina en las próximas décadas.

La eliminación del 6% del PBI como meta simbólica y práctica marca quizás el punto de mayor ruptura con el consenso educativo construido desde el retorno de la democracia, proponiendo en su lugar un modelo donde el dinero siga al estudiante y las instituciones respondan por resultados medibles. El debate parlamentario promete ser extenso y complejo, con implicaciones que trascenderán varias generaciones de argentinos.