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Milei y un DNU que pretende modificar el Conicet
Buscan modificar su sistema de gobernanza.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional está ultimando una profunda reforma del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que planea impulsar a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa busca modificar el sistema de gobernanza del organismo para que el Poder Ejecutivo tenga mayor intervención en la definición del plan de investigaciones y en la distribución del presupuesto.
Según fuentes oficiales, el proyecto es trabajado por los equipos técnicos de la Casa Rosada desde antes de las elecciones legislativas de octubre, aunque su presentación se postergó por el clima electoral. Ahora, con el escenario político más despejado, en el oficialismo aseguran que la decisión es avanzar “en el corto plazo”. “Queremos reordenar los incentivos de las investigaciones”, explican.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un esquema de autonomía regional para descentralizar la toma de decisiones y trasladar el corazón del proceso investigativo a las universidades. La idea es que cada institución académica de las provincias pueda definir sus prioridades científicas en función de las necesidades productivas de su región. “La idea es que cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la zona”, señalan en Balcarce 50, donde mencionan como ejemplos las provincias con actividades mineras o energéticas.
El objetivo, sostienen, es evitar que los recursos se destinen a líneas de estudio desconectadas de la matriz productiva local. “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”, grafican desde la mesa chica presidencial, donde insisten en que el Conicet debe orientarse a la “modernización de la producción”.
Actualmente, el Conicet cuenta con 26.781 trabajadores, entre ellos 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2800 técnicos y 1400 administrativos, y administra un presupuesto de $580.000 millones. Su estructura incluye 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 institutos que dependen en conjunto del organismo y de distintas universidades.
La conducción está a cargo de un directorio de ocho miembros y un presidente designado por el Gobierno actualmente Daniel Salamone. Los directores surgen de ternas propuestas por investigadores activos, universidades, organizaciones industriales y agropecuarias, y los sistemas de ciencia y tecnología provinciales.
Si bien la Casa Rosada dejó en suspenso una reforma estructural amplia, que incluía la reducción de departamentos del organismo, sí busca avanzar con cambios en el sistema de ingreso. La intención del Ejecutivo es limitar el ingreso de investigadores de las ciencias sociales y humanidades, priorizando perfiles técnicos vinculados a la energía, minería, salud y otros sectores productivos estratégicos.
En el Gobierno reconocen que ya existen varias versiones del borrador del DNU y que el texto circuló por los equipos de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y de María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica. “Solo falta definir cuándo sale”, admiten en la Casa Rosada.