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Consejo Nacional Electoral de Honduras denuncia persecución política del gobierno tras elecciones
Dos consejeras del organismo electoral aseguran que el oficialismo busca evitar la alternancia presidencial mientras continúa el recuento especial de votos con irregularidades detectadas.
POR REDACCIÓN
Dos semanas después de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras, el país aún no conoce a su nuevo mandatario debido a un lento y complejo proceso de escrutinio que ha estado marcado por múltiples denuncias de irregularidades.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) denunció que el gobierno está ejerciendo una persecución política con el fin de impedir que se respete la alternabilidad en la presidencia. Así lo expresaron las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López en un comunicado conjunto, donde afirmaron: “Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones”.
Las funcionarias señalaron que el Estado está utilizando “toda la institucionalidad” en contra del propio sistema electoral, afectando la independencia del CNE y el respeto al proceso democrático y a la voluntad popular manifestada en las urnas.
Actualmente, se realiza un escrutinio especial para revisar aproximadamente 1.000 actas restantes, tras detectar irregularidades en un total de 2.792 actas. El plazo para concluir esta revisión se extiende hasta el 30 de diciembre.
En los resultados preliminares, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por el expresidente estadounidense Donald Trump, lidera con 1.391.989 votos (40,34%). Lo sigue de cerca Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.362.358 sufragios (39,48%). En tercer lugar aparece Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), con 661.454 votos (19,17%).
Las consejeras del CNE calificaron las elecciones como un proceso “altamente accidentado” que estuvo marcado por “obstáculos constantes y muchas presiones indebidas”. Indicaron que hubo “coacción e intimidación” que atentaron contra la autonomía del organismo electoral.
Estas presiones, según Hall y López, provinieron de diversas instituciones estatales, incluyendo el Ministerio Público, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República.
Ana Paola Hall explicó que los ataques no son personales, sino que buscan afectar un proceso crucial para la democracia. Además, alertó sobre “información seria y preocupante” que involucra acusaciones sin fundamento jurídico, las cuales generan un ambiente adverso que pone en riesgo tanto su seguridad como el desarrollo normal del proceso electoral.