Judiciales > Más trabajos comunitarios
La bioquímica que hizo una amenaza de bomba al Hospital Rawson deberá pagar $4 millones
Rosario Cortez deberá pagar $4 millones por el operativo de emergencia que provocó con su llamado al 911. Además, deberá realizar tareas comunitarias.
POR REDACCIÓN
Rosario Cortéz, una bioquímica sanjuanina, accedió este martes a una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, tras ser imputada por realizar una amenaza de bomba al Hospital Rawson. Como parte del acuerdo judicial, deberá pagar $4.000.000 en concepto de resarcimiento económico por el operativo que generó su falsa denuncia y, además, cumplirá 36 horas de trabajo comunitario en un plazo de tres meses.
La suma impuesta corresponde a los costos estimados por el despliegue de fuerzas de seguridad y evacuación realizado el pasado 3 de junio, día en que una llamada anónima al 911 alertó sobre la presencia de un supuesto artefacto explosivo dentro del hospital. La comunicación, que duró apenas ocho segundos, activó de inmediato los protocolos de emergencia: se evacuó a pacientes, personal médico y administrativo, y se movilizaron unidades de Bomberos, Policía y cuerpos especiales.
A través de un procedimiento de geolocalización y análisis de titularidad, las autoridades determinaron que la señal provenía de una zona cercana al hospital. Las cámaras de seguridad y otras pruebas ubicaron a Cortéz como la principal sospechosa, lo que derivó en su detención y posterior imputación por intimidación pública.
Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal reunió elementos suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, en la audiencia celebrada esta jornada, las partes acordaron avanzar con una probation, lo que permitió a Cortez evitar una condena formal y quedar libre de antecedentes penales, siempre y cuando cumpla con los compromisos asumidos.
El monto de $4 millones deberá ser depositado en la Dirección General de Rentas de San Juan, y la fecha límite para el pago fue fijada para el 28 de julio. En paralelo, Cortéz deberá cumplir con las tareas comunitarias en una institución pública aún por definir, lo que quedará a cargo de la supervisión judicial.
Este caso, que generó conmoción y polémica en la provincia, reabrió el debate sobre el uso irresponsable de los servicios de emergencia, así como el impacto que este tipo de amenazas tiene sobre el sistema de salud y seguridad. Con la resolución judicial, se cierra por ahora un episodio que puso en vilo a cientos de personas dentro del principal hospital sanjuanino.