Política > Cambios
Ley de Glaciares: el Gobierno nacional la modificará por decreto
Con el respaldo del Ministerio de Economía, el Ejecutivo limitará las áreas resguardadas por la Ley de Glaciares para permitir actividades económicas en zonas periglaciares.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional ultima un decreto para modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares con el objetivo de reducir las zonas protegidas y habilitar así nuevos proyectos de inversión minera, hidrocarburífera e industrial en áreas periglaciares. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía y coordinada por la Secretaría de Legal y Técnica, respondería a la presión del sector empresarial y apuntaría a brindar “seguridad jurídica” a emprendimientos que hoy están limitados por la normativa ambiental.
La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial prohíbe toda actividad que pueda afectar las funciones hídricas de los glaciares y su entorno. Actualmente, contempla fuertes sanciones a los infractores, que incluyen multas de hasta 100.000 sueldos públicos y el cierre definitivo de los emprendimientos que operen en violación de la norma.
Sin embargo, en Casa Rosada trabajan en una interpretación más restrictiva de qué constituye zona protegida. El nuevo decreto limitaría la protección a cuerpos de hielo de más de una hectárea, con una duración mínima de dos años y funciones hídricas comprobadas, siempre que estén incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares. De esta manera, quedarían excluidas grandes porciones del ambiente periglacial actualmente vedadas al desarrollo económico.
El oficialismo asegura que continuará exigiendo estudios de impacto ambiental para nuevos proyectos y que la protección de glaciares cubiertos y descubiertos no se verá afectada. Además, la Casa Rosada busca ampliar las atribuciones de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
Las modificaciones que se implementarán por decreto habían sido parte del borrador original de la Ley Bases sancionada en 2024, pero fueron descartadas en la versión final por falta de apoyo legislativo. En ese contexto, la ONU emitió una advertencia formal al Gobierno argentino el 5 de febrero de 2024. Cinco relatores de derechos humanos advirtieron sobre el carácter “regresivo” de los cambios propuestos y alertaron que podrían perjudicar la labor de los defensores ambientales.