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Reforma laboral: ir contra la "industria del juicio" y "flexibilación", algunos de los innegociables de Milei
El Gobierno definió una serie de puntos innegociables para la reforma laboral que buscará aprobar con la nueva composición del Congreso, entre ellos cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, un sistema unificado de registración, modificaciones a la organización del trabajo, nuevas reglas de vacaciones, beneficios no remunerativos y una profunda revisión del modelo de convenios colectivos.
POR REDACCIÓN
La reforma laboral que impulsa el Gobierno vuelve al centro del debate político y económico ante la expectativa por su tratamiento legislativo después del 10 de diciembre. Aunque proliferan borradores, análisis y especulaciones en despachos oficiales y privados, la única certeza es que el proyecto se apoyará en los lineamientos ya incluidos en la Ley Bases y en el DNU 70/24, actualmente con parte de sus disposiciones frenadas por la Justicia laboral.
El Poder Ejecutivo pretende avanzar con la nueva composición del Congreso, donde podría alcanzar cerca de 90 diputados y unos 20 senadores propios, un escenario que facilitaría la discusión de los cambios que considera esenciales. Por ahora, el texto definitivo permanece bajo estricta reserva en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, quien trabaja junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la redacción final. A ese proceso se suman aportes del Consejo de Mayo, integrado por representantes del Gobierno, del empresariado y del sindicalismo, aunque este último sector casi no participa y expresa un rechazo abierto al proyecto.
Entre las definiciones consideradas innegociables figuran modificaciones sustanciales a la Ley de Contrato de Trabajo, regímenes especiales y procedimientos judiciales. Según uno de los borradores que circulan, habría cambios destinados a redefinir principios generales, criterios de registración, modalidades de jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias e indemnizaciones. También se incorporarían capítulos específicos para regular la economía de plataformas y para habilitar el ejercicio profesional sin matrícula obligatoria.
Uno de los puntos centrales sería la reorganización del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo mediante una modificación del artículo 2, que excluiría al empleo público, al trabajo agrario, al régimen de casas particulares, a los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería prestados a través de plataformas tecnológicas. A la vez, se mantendría el principio de norma más favorable en el artículo 9, aunque restringido a situaciones donde persista una duda insuperable tras un análisis integral. También se reafirmaría la irrenunciabilidad de derechos y se aclararía la necesidad de homologación judicial o administrativa para acuerdos conciliatorios o transaccionales.
El tratamiento de la antigüedad sería otro aspecto revisado, ya que se prevé computar períodos sucesivos y reconocer lapsos previos al reingreso cuando este se produzca dentro de los dos años posteriores a la desvinculación. En materia de tercerización, se propone modificar la responsabilidad del empleador principal, que pasaría a ser subsidiaria y no solidaria, salvo incumplimientos en registración, aportes o coberturas de seguros.
El esquema de registración laboral incorporaría cambios significativos con la creación de un sistema unificado a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sería el organismo exclusivo para inscribir vínculos laborales. La falta de constancia generaría presunciones en favor del trabajador, según los artículos preliminares que se analizan.
En la organización del trabajo se habilitaría al empleador a modificar formas y modalidades de la prestación siempre que no exista perjuicio material o moral. Se incorporaría además un capítulo sobre formación profesional, definido como un derecho básico, y cuya obligatoriedad estaría asociada tanto a las necesidades del puesto como a los requerimientos de la empresa.
El capítulo de vacaciones también mostraría cambios relevantes: el período se otorgaría entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con la posibilidad de fraccionar en lapsos no inferiores a siete días y de reprogramar en casos de interrupción por enfermedad. A su vez, se precisarían mecanismos de cálculo de la remuneración vacacional para salarios mensuales, variables o a destajo.
En cuanto a beneficios y conceptos no remunerativos, se ampliaría la lista de prestaciones excluidas de la base salarial, entre ellas servicios de salud, reintegros de guardería, ropa de trabajo, útiles escolares, suscripciones a gimnasios, gastos de sepelio y provisión de herramientas tecnológicas.
La reacción sindical se hizo sentir antes de que el proyecto tomara estado público. El ministro Federico Sturzenegger criticó la reciente marcha de ATE y sostuvo que la protesta se organizó sin conocer el contenido del texto, que no incluiría a los empleados estatales. El funcionario explicó que la reforma, a la que denomina “modernización laboral”, se estructura en tres ejes: la revisión del sistema de litigios y registración, la actualización de los convenios colectivos y la redefinición de la prelación para determinar qué convenio debe aplicarse según región, sector o empresa.
El avance de la reforma dependerá, además, del acuerdo político con los gobernadores. Tras el triunfo electoral del 26 de octubre y la consolidación de la conducción de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem, el Gobierno abrió una ronda de diálogo para conocer las demandas provinciales y evaluar su viabilidad junto al ministro de Economía, Luis Caputo. La mayoría de los gobernadores reclama fondos para obra pública y transporte, mayores Aportes del Tesoro Nacional y soluciones a deudas previsionales, además de autorizaciones más ágiles para endeudamientos.
La Casa Rosada pretende tratar la Ley Bases 2 en las sesiones extraordinarias previstas para febrero, una vez concluido el debate del Presupuesto 2026, cuyo tratamiento comenzará después del 10 de diciembre. El oficialismo confía en que la nueva configuración legislativa y las negociaciones políticas permitan destrabar una reforma que considera clave para la transformación estructural del mercado laboral argentino.