Comunidad > Una ley clave bajo ataque
A 15 años de la Ley de Glaciares: plenario ambiental con presencia sanjuanina
Un panel de expertos y activistas ambientales reclamó la defensa férrea de la Ley de Glaciares ante los nuevos intentos del Gobierno y las empresas mineras de modificarla. Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, fue uno de los disertantes y advirtió: "Es un tema de supervivencia".
Esta semana se cumplieron 15 años de la sanción de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, un hito ambiental en la historia reciente de Argentina. Sin embargo, el aniversario llega en medio de una renovada ofensiva por parte del Gobierno nacional y de empresas mineras que buscan modificar su letra y reducir el área de protección. Ante este panorama, un panel de especialistas alertó sobre las consecuencias irreversibles de debilitar esta norma que garantiza la preservación de fuentes estratégicas de agua dulce.
En el encuentro estuvieron presentes Agostina Rossi Serra (especialista en biodiversidad de Greenpeace), Pía Marchegiani (directora del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN), Enrique Viale (AAdeAA) y Saúl Zeballos, integrante de la Asamblea "Jáchal no se toca", quien viajó desde San Juan llevando consigo una bandera argentina en señal de defensa del territorio.
"Defender los glaciares es un tema de supervivencia", sentenció Zeballos. “Nuestra comunidad sabe bien lo que está en juego: el agua que consumimos hoy proviene del acuífero Huachi, ya que el río Jáchal aún permanece contaminado por el histórico derrame de cianuro y mercurio de la minera Barrick Gold”.
Agua para la vida, no para las mineras
"Modificar la Ley de Glaciares es comprometer el acceso al agua de millones de argentinos", advirtió Rossi Serra, y explicó que esta norma protege no solo a los glaciares, sino también a los ambientes periglaciares, verdaderas esponjas naturales que almacenan agua en zonas áridas. "No podemos permitir una regresión ambiental. Cumplirla y defenderla es la única forma de resguardar el agua y la vida en un contexto de crisis climática", agregó.
Según la ley vigente, está prohibida toda actividad extractiva en zonas glaciares y periglaciares, ya que se consideran reservas hídricas estratégicas. Pero los sectores mineros insisten en que estas áreas son obstáculos para su desarrollo económico. Y el Gobierno de Javier Milei, a través de la Ley Bases y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), ha retomado el mismo discurso que se intentó instalar durante la gestión de Mauricio Macri.
"Es el mismo texto que en 2017, escrito por los abogados de Barrick Gold", denunció Enrique Viale, abogado ambientalista. "Hoy vuelve el mismo intento de reforma, letra por letra, para permitir actividades contaminantes sobre zonas protegidas", explicó.
Glaciares no inventariados: la trampa del olvido
Uno de los principales problemas que enfrenta la aplicación plena de la ley es la falta de un inventario exhaustivo. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) realizó un trabajo inicial que dejó fuera, numerosos glaciares menores a una hectárea. Aunque la ley protege todos los glaciares, estén o no inventariados, las empresas mineras y los gobiernos provinciales intentan avanzar sobre estas zonas no relevadas, actuando como si no estuvieran protegidas.
El caso más reciente es el proyecto "Los Azules", promocionado por el ministro de Economía Luis Caputo como una de las grandes inversiones del país. Según denunció Zeballos, este emprendimiento destruiría geoformas glaciares y periglaciares en San Juan, en zonas que no figuran en los registros oficiales.
Democracia, justicia ambiental y memoria
La ley fue sancionada el 30 de septiembre de 2010 luego de un largo proceso de debate público y político, en un momento que Viale calificó como de "ampliación democrática", contemporáneo a otras conquistas sociales como el matrimonio igualitario. Para el abogado, modificar esta ley no solo sería inconstitucional, sino también "un retroceso en la democracia".
Pía Marchegiani, de FARN, subrayó que la ley de glaciares, al igual que la de bosques y la de biodiversidad, “siempre fueron resistidas por sectores económicos concentrados que no toleran límites”. Sin embargo, insistió: “La protección estratégica del agua no es una cuestión sectorial. Es nacional y económica. Si no hay agua, no hay producción, ni salud, ni vida posible”.
Una herramienta concreta que salvó glaciares
Desde su aprobación, la Ley de Glaciares logró detener más de 40 proyectos mineros en zonas sensibles. Sin esa herramienta, muchos ecosistemas ya habrían sido destruidos. Pero la amenaza persiste. Viale lo resumió de forma contundente: “Los glaciares son nuestras fábricas de agua. Si la megaminería logra modificar esta ley, lo que se pone en juego es el origen de nuestras cuencas, ríos y ecosistemas. Están amenazados por la crisis climática y por eso debemos protegerlos más que nunca”.
Zeballos concluyó con un mensaje claro: “No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de que ese desarrollo implique la desaparición del agua para nuestras comunidades. Si destruyen nuestras fuentes de agua, ¿qué futuro nos queda?”
Una defensa activa frente al extractivismo
El panel fue categórico: la Ley de Glaciares no prohíbe la minería, pero sí impide que se realice en zonas donde nacen los ríos y se almacena el agua. Y esa es la frontera que los sectores mineros quieren correr. Frente a esto, comunidades y organizaciones sociales afirman que no permitirán una flexibilización que comprometa derechos fundamentales.
"La seguridad jurídica no es solo para las grandes corporaciones. Las comunidades también la queremos. Y eso significa que la Ley de Glaciares se cumpla", cerró Viale.
A 15 años de su sanción, la ley sigue siendo una conquista popular que las comunidades defienden en las calles, en los tribunales y en los territorios. Porque donde nace el agua, nace también la vida. Y la vida, no se negocia.