Política > En medio de la polémica
Gobierno continúa con bajas de pensiones por discapacidad pese al escándalo de corrupción en Andis
Procedimientos irregulares, notificaciones que no llegan y relatos de revisiones médicas humillantes dejan a miles de personas sin el beneficio vital y sin acceso a sus terapias.
POR REDACCIÓN
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) mantiene en ejecución un polémico sistema de auditorías que ha derivado en la suspensión masiva de pensiones por discapacidad en todo el país. Estas medidas se implementan sin previo aviso efectivo y con procedimientos administrativos cuestionados, generando una situación de incertidumbre y desamparo en uno de los sectores más vulnerables de la población. La política de recorte se profundiza en el contexto del escándalo por los audios del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien describió un sistema de coimas destinadas a funcionarios de alto rango del Gobierno nacional.
Numerosos testimonios recibidos en redacciones de todo el país coinciden en relatar la misma situación: personas con discapacidad y sus familias se enteran de la pérdida del beneficio al acudir a las oficinas de Andis, luego de descubrir que la pensión no fue acreditada. La notificación de la auditoría, que por ley debe realizarse mediante carta documento, nunca llega a sus destinatarios. En muchos casos, las notificaciones fueron enviadas a domicilios incorrectos, sin adaptaciones para personas ciegas (como lectura en braille) o con citaciones a más de 200 kilómetros de distancia y plazos perentorios de una semana para presentar documentación médica compleja. Este mecanismo se ha convertido en una barrera burocrática infranqueable que resulta en la baja casi automática de la prestación.
La pensión por discapacidad, que equivale al 70% de una jubilación mínima más un bono (aproximadamente $290.000 mensuales), constituye un ingreso vital para la autonomía de las personas, en línea con los paradigmas internacionales de vida independiente promovidos por Naciones Unidas. El objetivo del beneficio es proveer un piso económico que permita a las personas desarrollar su vida sin depender exclusivamente de su entorno familiar.
La voz del propio exdirector de Andis, revelada en una serie de audios, confirma que las auditorías fueron el instrumento elegido para ejecutar un recorte masivo ordenado desde las más altas esferas del Gobierno. En una de las grabaciones, Spagnuolo afirma: “Dar de baja las pensiones es mi trabajo”, en referencia a las presiones recibidas desde el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger.
Los relatos sobre el trato durante las evaluaciones médicas son alarmantes. Personas en silla de ruedas, con meningocele o hidrocefalia, han denunciado miradas de asco y revisiones físicas humillantes por parte de los equipos auditores. Además, se han reportado casos en los que la posesión de una obra social con cobertura deficiente o de un automóvil antiguo fueron esgrimidos como motivos suficientes para la remoción del beneficio, lo que representa una distorsión de los criterios legales.
La situación también afecta a los prestadores de servicios. Más de 1.200 centros de apoyo, de día y educativos/terapéuticos que atienden de forma gratuita a personas sin cobertura médica están siendo auditados y dados de baja del Plan Incluir de manera abrupta, sin plazo para corregir observaciones administrativas. Esto ha dejado a miles de niños y adultos sin sus terapias y apoyos esenciales de un día para el otro, rompiendo vínculos terapéuticos consolidados durante años.
A esta crisis se le suma la emergencia económica dentro del sector. Los valores del nomenclador de prestaciones no se actualizan desde diciembre de 2024, lo que implica un recorte drástico en los aranceles y sumerge en la pobreza a acompañantes terapéuticos, integradores escolares y otros profesionales, provocando la interrupción masiva de servicios.