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Graffigna habló tras la condena por la Megacausa Expropiaciones

El abogado Santiago Graffigna, condenado por fraude en perjuicio del Estado, denunció una "tribunal armado" y clamó por su inocencia: "Es una locura todo". Repercusiones tras el fallo histórico en marco de la Megacausa Exrpropiaciones. 

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas

Santiago Graffigna, el empresario y abogado sentenciado a siete años y ocho meses de prisión efectiva por su rol como jefe de una asociación ilícita y autor de múltiples hechos de fraude en perjuicio de la administración pública, rompió el silencio tras el veredicto con una contundente declaración de inocencia, calificando la situación judicial de "una locura" y reiterando su histórica denuncia de una "tribunal armado". Su defensa, liderada por el abogado Marcelo Fernández, no tardó en confirmar la inminente apelación del fallo, anticipando que llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es necesario.

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Graffigna, visiblemente afectado pero firme en sus palabras, expresó su asombro ante la acusación de liderar una asociación ilícita. "Es una locura todo. ¿Qué asociación ilícita? Yo no tengo relación con nadie. Lo único que tengo relación con los peritos de parte es que son los que hacen las pericias", afirmó categóricamente ante la prensa. El letrado insistió en que su función se limitó a la defensa de los intereses de sus clientes en procesos de expropiación, una actividad que, según él, llevó a que el Tribunal de Tasaciones lo declarara "persona no grata" y a que se modificaran reglamentos internos en su contra y de otros colegas que realizaban este tipo de gestiones.

Respecto a las acusaciones de precios inflados en las expropiaciones, Graffigna fue enfático en su negación. "Lo que están entiendo acá, están obviando que los valores fijados, en ningún momento tan inflado, han hecho una comparación entre un valor del año 86 y valores del año 2006. 15, 20 años de diferencia", explicó, señalando lo que considera una comparación descontextualizada. Además, enfatizó que los montos "pasaron todos los controles, como las sentencias en el caso de La Superiora". Descartó de plano la idea de un fraude, argumentando que la indemnización por expropiación "correspondía" y que la supuesta inflación de precios era "imposible" con solo conocer las leyes de aplicación obligatoria en la provincia, que él mismo citó en el debate. "Nosotros cumplimos todo", sentenció.

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La convicción de Graffigna sobre la presunta manipulación del caso es inquebrantable. Al ser consultado sobre si la Corte de Justicia entenderá su postura, respondió: "La Corte tiene que hacer, lo que tiene que hacer la Corte, entiendo, es de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema hacer un análisis completo de la prueba". También denunció que la defensa ofreció pruebas que fueron rechazadas, sin una justificación clara más allá de una supuesta "impertinencia". "Acá en debate hemos demostrado que justamente los fallos, yo acompañé 1200 fojas de fallos de la Corte Suprema de la Corte de Justicia de tribunales de la Nación, de distintos tribunales en donde acredito mi forma de actuación y la forma en que se ha resuelto se han apartado de fallos plenarios de la Corte de Justicia de San Juan", detalló con frustración.

El abogado Marcelo Fernández respaldó plenamente la visión de su cliente y no ocultó su "indignación" ante el fallo. "La verdad que a mí me genera este tipo de sentencias, me genera indignación", expresó Fernández. Sugirió que el tribunal cumplió con un "mandato", recordando que ellos habían recusado a dos de sus integrantes por "temor fundado de parcialidades" desde el momento en que se definió su ascenso a jueces de cámara. El abogado también criticó que el tribunal "hoy lo han desconocido" ya que en una instancia previa del juicio la presidenta del tribunal habría señalado a un testigo por falso testimonio y este viernes en el fallo, rechazó los planteos de nulidad contra ese testimonio.

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En cuanto a los próximos pasos, Fernández indicó que esperarán los fundamentos de la sentencia para, en un plazo de 10 días, elaborar la apelación. "Nosotros tenemos un plazo de 10 días que vamos a pedir, voy a adelantarnos, ya lo van a saber primero ustedes, pero qué es lo que ocurre normalmente en toda la justicia nacional y provincial, sobre todo en el federal, cuando son causas complejas que ellos... Que de hecho esto que se lea el veredicto y no se lea el fallo es por la complejidad del fallo", explicó, anticipando una solicitud de prórroga. El objetivo es claro: "recurrir como corresponde ante casación. Y eventualmente llevaremos esto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Fernández confía en que la Corte revisará la prueba y la jurisprudencia, y si fuera necesario, se deberá conformar un tribunal con jueces de la lista de conjueces si los actuales se inhiben.

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