Política > Causa en Nueva York
Argentina apeló el fallo que obliga a ceder el 51% de las acciones
Argentina reclamó la sentencia de la jueza Preska quien ordenó transferir el 51% de las acciones de YPF a fondos buitre.
POR REDACCIÓN
El gobierno argentino presentó una apelación formal ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York contra la sentencia de la jueza Loretta Preska. Dicho fallo exige que el país transfiera el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management, ganadores de un juicio millonario derivado de la expropiación de la petrolera en 2012.
El equipo legal de Argentina, representado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, apeló de inmediato, sin esperar la decisión de la jueza Preska sobre una solicitud previa de suspensión de la ejecución. Esta estrategia buscó ganar tiempo y anticipó posibles medidas desfavorables, como una orden de embargo de activos argentinos en EE. UU. Al elevar el caso a un tribunal superior, Argentina busca una revisión que defina los próximos pasos.
Es fundamental aclarar que YPF no es parte demandada en este litigio. La disputa legal se da exclusivamente entre los fondos demandantes y el Estado argentino. El CEO de YPF, Horacio Marín, ha enfatizado que el fallo de la jueza eximió a la empresa de responsabilidad, centrando el litigio en las acciones del Estado nacional.
La defensa argentina basó su apelación en varios pilares que cuestionan la aplicabilidad y legalidad del fallo de Preska:
Naturaleza Excepcional y Cuestiones Legales Inéditas: Argentina sostuvo que este caso no tiene precedentes y presenta complejidades jurídicas únicas. Los abogados resaltan que "incluso el gobierno de Estados Unidos manifestó diferencias con la interpretación del tribunal", lo que sugiere preocupación por el precedente internacional que podría sentar una decisión de este tipo. Se mencionó que Washington teme que la incautación forzada de activos de empresas argentinas pueda generar una reciprocidad, abriendo la puerta a que Argentina, en un futuro, pudiera hacer lo mismo con activos soberanos estadounidenses.
El país argumentó que ejecutar la orden de transferencia de acciones obligaría a Argentina a violar su propia legislación nacional. La Ley de Expropiación de YPF de 2012 (Ley 26.741) estableció que las acciones de la petrolera solo pueden ser transferidas con una aprobación de dos tercios del Congreso. Por lo tanto, el fallo implicaría una pérdida irreversible del control estatal sobre YPF sin el respaldo legislativo requerido.
Ausencia de Perjuicio para Demandantes e Interés Público: La defensa argentina infirió que suspender la ejecución de la sentencia no causaría un daño concreto a los demandantes. Por el contrario, seguir adelante con la orden podría afectar negativamente a terceros no involucrados en el juicio, como las provincias argentinas y los tenedores de bonos, y potencialmente activar cláusulas perjudiciales para el propio YPF.
Un Caso Paralelo: La Apelación por el Default de 2001
En un caso distinto, pero relacionado, conocido como Bainbridge, que concierne la deuda argentina en default de 2001, otro juez también ordenó la transferencia de acciones de YPF como compensación. Los abogados argentinos han apelado igualmente esta decisión, argumentando una violación del derecho local. Además, destacaron la ausencia de precedentes jurisprudenciales en EE. UU. que avalen la ejecución de activos de otro Estado bajo las condiciones propuestas por la orden de la jueza Preska, lo que, según ellos, fortalece las posibilidades de revertir el fallo.