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Pedro Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión en Perú
La Corte Suprema dictó sentencia contra el expresidente por su rol en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, mientras que Betssy Chávez recibió la misma condena y Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años por cohecho.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema de Perú impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al expresidente Pedro Castillo, tras declararlo coautor del delito de conspiración para una rebelión relacionada con el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal lo absolvió de los cargos de abuso de poder y perturbación del orden público, pero lo responsabilizó por haber anunciado la disolución temporal del Congreso, la intervención a la Judicatura y la intención de gobernar mediante decretos, hechos que configuraron la conspiración para rebelión.
En la sentencia, la Corte Suprema señaló que José Pedro Castillo Terrones fue condenado por un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, con una pena efectiva de privación de libertad. Durante la audiencia, Castillo escuchó la condena con serenidad, acompañado por su defensa legal.
El tribunal destacó que “Castillo fue detenido en flagrancia delictiva por la comisión del delito de rebelión”. Tras su anuncio televisado, el expresidente abandonó el Palacio de Gobierno y se dirigió aparentemente hacia la embajada de México, donde su esposa e hijos solicitaron asilo. Sin embargo, Castillo fue arrestado minutos después y destituido por el Congreso, permaneciendo en prisión desde entonces.
Por su parte, la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, recibió la misma condena de 11 años, 5 meses y 15 días por su participación en el intento de golpe de Estado. La Corte Suprema ordenó además una nueva búsqueda y captura en su contra.
En paralelo, la Justicia peruana resolvió condenar al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio. Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, fue acusado de recibir pagos de empresarios para favorecer obras públicas cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.
El fallo también incluye una inhabilitación de nueve años para que Vizcarra ejerza cargos públicos, bloqueando así sus aspiraciones políticas futuras. El exmandatario negó las acusaciones y afirmó que “no hay justificación alguna para una sentencia condenatoria”, cuestionando la veracidad de las declaraciones que sirvieron de base para el proceso.