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Estafas en viviendas del IPV: la Justicia investiga vínculos con el Ministerio de Familia
La fiscalía profundiza la pesquisa ante la presunta venta de favores para sorteos de casas, que prometían cupos por sumas que alcanzaban los 400.000 pesos.
POR REDACCIÓN
La causa por las presuntas estafas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reveló nuevos detalles este martes. La denuncia, interpuesta la semana pasada en la UFI en Delitos Especiales y Estafa, fue presentada formalmente por el abogado Diego Agustín Mercado, jefe de asesores letrados del IPV, a partir de información recibida en el celular de la directora Elina Peralta. Los indicios iniciales, según lo manifestado por el fiscal Nicolás Schiattino en radio Estación Claridad, señalan que las personas sindicadas en la denuncia "serían del Ministerio de Familia y de Acción Social".
Según lo detallado por la titular del IPV, Elina Peralta, se han recabado entre tres y cuatro denuncias, con al menos dos casos documentados con facturas emitidas por 400.000 pesos con el logo de gobierno y la leyenda "Instituto Provincial de la Vivienda". Estas facturas corresponderían a la "venta dirigida del sorteo hacia un barrio específico", ofreciendo la posibilidad de "salir en el sorteo, dirigidos a un barrio". Una de las personas identificadas por los damnificados, quien modificaba su apellido en las facturas vistas por Peralta, sería una mujer de nombre Agustina.
Peralta ha sido enfática en descartar en radio Sarmiento que el personal del IPV esté involucrado en estas maniobras, afirmando que la gente del instituto es "responsable" y trabaja "codo a codo" con la dirección. Además, subrayó la imposibilidad de manipular el sistema de sorteo del IPV, ya que es un "procedimiento muy complejo" que se realiza en conjunto con la Caja de Seguros, lo que hace "inviable la posibilidad de que salga una bolilla dirigida a alguien".
Por su parte, el fiscal Nicolás Schiattino confirmó que la investigación se encuentra en una "etapa que se llama investigación previa a la formalización", lo que significa que aún no hay elementos suficientes para imputar a una persona. Para avanzar, será crucial la citación de la directora del IPV, Elina Peralta, a la UFI de Delitos Especiales para realizar una "copia espejo de los mensajes que le han llegado a su celular". Esto busca determinar la veracidad de los mensajes y si las personas mencionadas en ellos "efectivamente trabajan dentro del Estado o son personas que no trabajan en el Estado y usan los nombres de personas que sí trabajan".
El fiscal también señaló la complejidad del caso, dado que los "presuntas víctimas" que pagaron el dinero podrían no denunciar por haber incurrido ellos mismos en un delito de "cohecho activo". Hasta el momento, el único elemento probatorio en mano del fiscal es un "recibo" o "tipo de factura" con un monto de 400.000 pesos y una firma sin aclaración, sin poder determinar si es de quien pagó o de quien cobró. La investigación, que requerirá analizar cámaras, teléfonos y cuentas, se enfrenta al desafío de la falta de colaboración de los damnificados.
Mientras la justicia avanza en esta compleja investigación, el IPV ha alertado a la población sobre la inexistencia de mecanismos para dirigir el resultado de los sorteos de viviendas, que son un procedimiento transparente y aleatorio.