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Gobierno liberó el precio de la yerba mate y el Instituto Nacional ya no podrá fijarlo
El Ejecutivo nacional publicó el Decreto 812/2025, que redefine el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate y elimina su facultad de intervenir en la fijación de precios.
POR REDACCIÓN
El Gobierno Nacional dispuso este martes 18 de noviembre una desregulación profunda del mercado de la yerba mate, al modificar el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que hasta hoy tenía facultades para fijar precios de referencia y ordenar parte de la cadena productiva. La medida se formalizó mediante el Decreto 812/2025, publicado en el Boletín Oficial, que redefine el alcance de la entidad creada por la Ley 25.564.
Con el cambio normativo, el INYM queda impedido de dictar normas o aplicar mecanismos que impliquen intervenir en el mercado, distorsionar precios o interferir en la libre interacción entre oferta y demanda. Esto implica el final del esquema de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada, un instrumento clave para pequeños y medianos productores de Misiones y Corrientes.
El Instituto, que históricamente promovió y reguló la cadena yerbatera, continuará existiendo, pero acotado a funciones de promoción y control de calidad. Hacia adentro, deberá adecuar su normativa interna en un plazo de 30 días, según dispone el decreto. Además, se derogaron artículos del viejo Decreto Reglamentario 1240/2002 que respaldaban su capacidad de intervención económica.
La Secretaría de Agricultura señaló que el nuevo marco libera la formación de precios en la fase primaria: desde ahora, serán las industrias y el mercado quienes definirán cuánto se paga por la materia prima y cómo se traslada ese valor al consumidor. La decisión impacta directamente en productores primarios, que pierden el piso regulatorio, y en secaderos e industrias, que podrán negociar sin un valor de referencia obligatorio.
En las provincias productoras, especialmente Misiones, la reacción fue inmediata. Gobernadores y referentes yerbateros expresaron preocupación por el riesgo de que el productor reciba una porción aún menor del precio final, en un sector donde advierten crecientes niveles de concentración. También alertan sobre la posibilidad de subas en el mediano plazo, ante un mercado más desregulado y con costos elevados.
Si bien el decreto no determina un incremento automático en la góndola, especialistas señalan que la liberación total de precios podría generar ajustes futuros, especialmente si se consolidan posiciones dominantes entre los principales operadores del sector. Por ahora, el Gobierno sostiene que el objetivo es favorecer la competencia, aunque el impacto real se verá en los próximos meses.