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Luz y gas: el gobierno unificó entes y liberó el mercado eléctrico
Con un plazo de 180 días para su puesta en marcha, estas medidas buscan un mercado más competitivo y abierto, con el sector privado como motor.
POR REDACCIÓN
A través de dos decretos claves, el Gobierno fusionó el ENRE y el Enargas en un solo megaorganismo y desreguló el mercado eléctrico, buscando mayor competencia y eficiencia. Estas medidas, enmarcadas en la Ley de Bases, generan una nueva era para la energía en el país, con el sector privado como actor central y el objetivo de beneficiar directamente a los usuarios.
El Decreto 452/2025, publicado este lunes 7 de julio, establece la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Este nuevo organismo autárquico, que operará bajo la órbita de la Secretaría de Energía, unifica las funciones que antes desempeñaban por separado el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE).
La medida responde a la necesidad de simplificar tareas administrativas y centralizar la regulación de ambos sectores, buscando una mayor eficiencia y adecuación a estándares internacionales, tal como lo promueve la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases. El Gobierno ha fijado un plazo de 180 días para la puesta en marcha de este megaorganismo, que se considera un "paso significativo" hacia la reorganización del sector energético nacional.
Complementariamente, el Decreto 450/2025 aprueba adecuaciones cruciales a las leyes 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica) y 24.065 (Marco Regulatorio Eléctrico), sentando las bases jurídicas para una reforma estructural del sector eléctrico. El objetivo es claro: "lograr un mercado eléctrico competitivo, abierto y transparente" que beneficie al usuario y posicione al sector privado como un actor clave.
Desde la Secretaría de Energía, se indicó que esta medida pone fin a dos décadas en las que el Estado "había gastado más de 105.000 millones de dólares en sostener un sistema eléctrico ineficiente, manipulado y cerrado". La nueva etapa se basa en la libertad, la competencia y la seguridad de suministro a largo plazo.
Las principales transformaciones impulsadas por el decreto incluyen:
- Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con reglas claras y predecibles.
- Restablecimiento y fortalecimiento de los contratos de compraventa entre privados, revirtiendo restricciones de 2013 para fomentar inversiones.
- Ratificación de la libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, eliminando obstáculos regulatorios.
- Introducción de mecanismos regulatorios transparentes para que el usuario conozca lo que paga en su factura, sin cargos ajenos a los servicios.
- Múltiples alternativas para el desarrollo de la infraestructura de transporte eléctrico, promoviendo la inversión privada.
- Se estableció un período de transición de 24 meses para adecuar la normativa complementaria y garantizar una implementación gradual de esta transformación.
Esta desregulación se alinea con otra medida gubernamental reciente: un plan de ampliación del transporte eléctrico con una inversión privada estimada en 6.600 millones de dólares. Este plan prioriza obras en todo el país para mitigar cuellos de botella y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Se prevé la incorporación de 5.610 nuevos kilómetros de líneas, lo que representa un aumento del 38.3% sobre la infraestructura actual. Este esquema, a cargo de empresas privadas bajo concesión de obra, busca asegurar el buen funcionamiento del SADI, reducir los cortes de servicio y paliar la falta de inversiones acumulada durante décadas.