El proyecto de Ley de Transporte se retomará tras las Legislativas

La reforma de la Ley de Transporte, que busca modernizar la normativa vial en San Juan, se convirtió en un punto álgido de la agenda política, llevando al oficialismo a tomar la decisión de postergar su tratamiento en la Legislatura provincial. Esta iniciativa, defendida por el Poder Ejecutivo, permanecerá en análisis dentro de las comisiones para pulir los aspectos que más resistencia generaron en diversos sectores.

El aplazamiento, que según fuentes oficiales busca evitar apresuramientos, tiene ahora una fecha tentativa de retorno al recinto: la Ley de Transporte volverá a ser el foco del debate legislativo una vez que concluyan las elecciones Legislativas de 2025.

La necesidad de postergar el tratamiento obedece a que el proyecto, actualmente en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, aún no ha logrado obtener despacho debido a los desacuerdos en aspectos sustanciales. Desde el sector oficialista en la Legislatura indicaron que esta pausa busca definir con precisión los contenidos normativos.

El propio vicegobernador Fabián Martín había reconocido que el tratamiento podría extenderse en el tiempo para incorporar las modificaciones solicitadas por los distintos sectores, señalando que no existe un apuro extremo y que la prioridad es la escucha de las diversas opiniones.

Entre los elementos del proyecto que más controversia han generado se encuentran la implementación de nuevas estructuras de sanciones económicas y la creación de un marco regulatorio específico para los servicios de transporte que operan mediante plataformas digitales.

Un cambio particularmente significativo es la propuesta de eliminar el esquema de licencias de taxi limitadas y avanzar hacia un registro abierto. Esta medida ha generado resistencias en el sector, aunque funcionarios del gobierno la han defendido como una forma de terminar con un "negocio paralelo" de alquiler y venta de licencias que termina perjudicando al pasajero.

En defensa de la reforma, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, había destacado previamente que el objetivo central de la nueva ley es crear un sistema que sea moderno, eficiente y centrado en los usuarios, lo cual contrasta con la normativa vigente que, a su parecer, pone el foco en el ingreso de los prestadores.

A pesar de la paralización en el debate legislativo, el gobierno provincial continúa trabajando en la regulación del sector. Se sabe que están colaborando con la Dirección General de Rentas para habilitar un marco tributario que permita a las aplicaciones de transporte tributar impuestos en la provincia, buscando así regularizar su actividad y garantizar condiciones de competencia equitativas.

Con la fecha de las elecciones fijada para el 26 de octubre de 2025 [dato de la premisa], el proyecto de modernización vial esperará que el clima electoral se disipe para que el oficialismo retome la ofensiva legislativa. El tratamiento del proyecto se encuentra en pausa desde el 18 de septiembre de 2025, a la espera de encontrar los consensos necesarios para que la ley pueda ser aprobada en el recinto.